En agosto 2018, contra el proyecto Hidrovía Amazónica, se declaró un paro. La Republica (16 agosto) reportó que el presidente de la Organización Indígena Regional de Atalaya (OIRA), Hestalin Ríos, informó que en vista que sus demandas no son prioritarias para el gobierno, sus hermanos han decidido por unanimidad bloquear los ríos Urubamba, Tambo y Ucayali. También acordaron tomar la vía Atalaya-Satipo así como el aeródromo de Atalaya. “Esto, porque no nos están escuchando. El gobierno central minimiza nuestra protesta. Demasiado tiempo nos vienen engañando y no hay nada concreto para evitar la contaminación de nuestros ríos, para titular nuestro territorio, para respetar nuestras tierras y que no se sigan concesionando a empresas agroindustriales y madereras”, precisó Hestalin Ríos. En preparación del paro, el dirigente refirió que cada día llegan más hombres, mujeres y hasta niños desde las comunidades alejadas de Atalaya y que la lucha indígena será masiva en los siguientes días. Dijo que ellos traen plátano, pescado y yuca para la olla común, porque el paro es autofinanciado.

 “Atalaya es el ingreso de la logística de Camisea, que luego es llevada en barcazas por los ríos. Ninguno pasará hasta que el gobierno nos escuche”, afirmó. En tanto, el presidente de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de Aidesep-Atalaya (CORPIAA), Edwin Jumanga, lamentó que el gobierno espere que se produzca un derramamiento de sangre para atender sus demandas, como ha ocurrido en Bagua y Saweto."   (E. Bravo, La Republica, 16 agosto 2018). 

El proyecto "Hidrovía Amazónica: Ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza - Iquitos - Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas - Confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa - confluencia con el río Marañón" (Hidrovía Amazónica) pretende crear una hidrovía que garantice el transporte de materiales durante todo el año, evitando y controlando  los cambios de curso o de caudal de los diferentes ríos afectados. Más de 60 mil pobladores que viven directamente de los recursos del río se verían afectados, todas poblaciones indígenas, entre ellas Achuar, Asháninka, Awajún, Bora, Nahua. Sin contar con los enormes daños medioambientales, deforestación, destrucción de medio de vida de los animales aves e insectos del río y de los bosques, las consecuencias climáticas, etc. Las comunidades han comenzado a protestar. Es el caso del paro indefinido convocado por las comunidades indígenas el 15 de agosto 2018.  No se ha realizado ninguna consulta, las comunidades exigen el EIA y la consulta. Las comunidades exigen también la titulación de sus territorios para protegerse de invasiones, la compensación por la contaminación de las petroleras Repsol, Petroperú, y de la actividad de Camisea y la atención del pueblo Nahua contaminado por mercurio.

Provisión de información para la navegación, mediante información digital cargable en un GPS.

Provisión de un canal de navegación libre de quirumas (troncos).

Provisión de información de niveles de agua, mediante un sistema de captura y registro de niveles de agua en una red de estaciones limnimétricas automáticas instaladas en los ríos de la Hidrovía Amazónica.

El proyecto “Hidrovía Amazónica” contempla, entre otras acciones, la ejecución del dragado en el lecho de los ríos más importantes de la Amazonía: Huallaga, Amazonas, Marañón y Ucayali; lo cual podría traer consigo riesgos socioambientales como la disminución del volumen de peces, afectando la seguridad alimentaria; el aumento de riesgo de volcaduras de pequeñas embarcaciones, perjudicando la seguridad en el transporte, entre otras afectaciones a alrededor de 424 comunidades nativas de las inmediaciones, tales como los Achuar, Asháninka, Awajún, Bora, Kapanawa, Kichwa, Kukama-kukamiria, Murui-muinani, Shawi, Shipibo – Konibo, Tikuna, Urarina, Yagua y Yine.

Así lo aseguró el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Lizardo Cauper, quien aclaró que “el avance de este proyecto debe estar condicionado al cumplimiento de todos los acuerdos de la Consulta Previa y de los acuerdos nacidos del diálogo con la Comisión Multisectorial de la Hidrovía Amazónica”.[2].

Si bien en el 2015 se realizó un proceso de consulta previa, anterior a la firma del contrato del proyecto, AIDESEP -junto a su organización indígena base en Loreto ORPIO, han presentado una demanda de amparo solicitando la realización de un segundo proceso de consulta previa, ahora al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto.

Otra de las preocupaciones de AIDESEP es el alto grado de incertidumbre en que avanza el proyecto, ya que el dragado podría afectar el comportamiento natural de los ríos, causando inundaciones en temporada de creciente o falta de agua para el cultivo de alimentos en época de vaciante; asimismo, la remoción de sedimentos del lecho de los ríos por el dragado y el aumento de la turbidez del agua podrían afectar el ciclo de los peces. El proyecto se desarrolla en zonas de graves pasivos ambientales derivados de los impactos de varias décadas de explotación petrolera.

Al respecto, la propia ministra del Ambiente Fabiola Muñoz también ha expresado su preocupación durante su intervención en el Oslo Tropical Forest Forum 2018 en Oslo (Noruega), donde AIDESEP también participó.

Además, el vocero de AIDESEP precisó que en las zonas aledañas al proyecto se encuentra la Reserva Nacional Pacaya Samiria -de carácter intangible- así como otras cuatro zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas por el Estado, por lo cual preocupa especialmente que aún no se ha avanzado con los reglamentos de Transporte Fluvial, y de infracciones y sanciones en materia Ambiental para Transporte Fluvial, acuerdos del Acta de Consulta Previa.

Otro acuerdo de la consulta previa que aún no se ha implementado plenamente es la conformación de un comité de vigilancia ambiental, dado que hasta el momento no se conoce la planificación, roles y funcionamiento de este Comité, que debe entrar en funciones antes del inicio de las obras.

20 años de concesión

El Proyecto Hidrovía Amazónica es promovido por el gobierno peruano como parte de la cartera de proyectos de integración regional de Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento - COSIPLAN, y establece una concesión por 20 años.[2]