El conflicto se inicia en el año 2001, cuando el entonces presidente de México, Vicente Fox, decretó una expropiación de tierras de los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco en el Estado de México, con el fin de crear otro aeropuerto para la Ciudad de México. Los habitantes son en su mayoría campesinos ejidatarios que se dedican principalmente a la agricultura de subsistencia y comercial. Más de 5000 hectáreas de suelo agrícola de los municipios se verían afectadas sin que la medida fuera sometida a consulta previa con sus propietarios. Al grito de “Tierra sí, aviones no” y “La tierra no se vende, se ama y se defiende”, los campesinos de varios municipios se organizaron en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) liderados por Ignacio del Valle para bloquear la carretera Lechería-Texcoco, y en 2002 logran derogar el decreto expropiatorio [1]. Desde su conformación, el FPDT se involucra solidariamente en las luchas y resistencias de esta zona del Estado de México y de otras regiones del país, entre ellas la de los floricultores de Texcoco que comercian sus productos en la vía pública. La venta en la vía pública es una de las principales fuentes de ingresos y de subsistencia de los campesinos en esta región, pero les era impedida por las autoridades municipales de Texcoco. El 10 de abril de 2006, los campesinos de la región llevan sus hortalizas para venderlas en el mercado Belisario Domínguez, pero cerca de 100 policías municipales y 20 funcionarios del Ayuntamiento les impiden trabajar, obligándolos a retirarse. El 3 de mayo, un grupo de floricultores que se resisten a dejar sus puestos de venta, es desalojado de forma brutal por elementos policíacos municipales y estatales y se origina un enfrentamiento. Se organizan bloqueos en la carretera Lechería-Texcoco para evitar el desalojo, empiezan las detenciones y la policía asesina de un disparo a un joven de 14 años de edad. El FPDT mantiene en el auditorio Emiliano Zapata a 11 policías retenidos [2]. Mientras tanto, los medios de comunicación hacen un llamado contra “la violencia de los macheteros de Atenco” y exigen “mano dura contra los delincuentes que alteraban el orden social”. Se emprende una campaña de difamación en contra del movimiento de Atenco y se homogenizan las voces que piden el uso de la fuerza bruta. Al día siguiente, con helicópteros sobrevolando el cielo de Atenco, más de 3500 efectivos de la policía fuertemente armados atacaron a los pobladores que se defendían con palos y piedras. La policía irrumpió en las casas destruyendo todo a su paso, allanó y registró domicilios ilegalmente, destruyó negocios, golpeó a la gente con macanas sin distinción de género o edad, lanzó gases lacrimógenos, y utilizó la tortura. El operativo dejó un saldo de dos jóvenes asesinados y 207 detenciones. De ellas, 47 eran mujeres de las cuales 26 denunciaron haber sufrido torturas y agresiones sexuales por parte de algunos miembros del cuerpo de policía; asimismo, cinco extranjeros fueron deportados de México. El entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, expresó: “Yo diría que, en términos generales, el saldo del operativo fue positivo, fue favorable, porque permitió alcanzar el objetivo, que era restablecer el orden. Ni la autoridad ni la población de Atenco podían ser rehenes de los intereses de un grupo que había violentado el Estado de Derecho…”. Asimismo, declaró que la fabricación de acusaciones era una táctica conocida de grupos radicales, y que ese podía ser el caso de las mujeres que denunciaban violaciones por parte de la policía, con el objetivo de desacreditar al gobierno. Ante la falta total de justicia en México, las mujeres agredidas llevaron su denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos [1]. Esta organización, junto con el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer, Amnistía Internacional, la ONU, y otros organismos internacionales de derechos humanos pidieron al Estado mexicano castigo a los responsables y justicia para las mujeres agredidas [3]. Ninguna de estas peticiones ni recomendaciones ha sido atendida por el Gobierno mexicano. En cuanto a los detenidos, el 30 de junio de 2010, la primera sala del máximo tribunal de justicia terminó de revisar el caso y dictaminó que se habían dictado sentencias como una forma “maquilladamente institucional” de criminalizar la protesta social y de “castigar a la oposición”. Por mayoría de votos, los ministros ordenaron la inmediata liberación de todos los presos, entre ellos el líder del FPDT: Ignacio del Valle [4]. En septiembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto anuncia que retoma el megaproyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), pero ahora lo ubica en los terrenos propiedad del gobierno federal en el Lago de Texcoco, a un costado de los terrenos ejidales de Atenco y del actual aeropuerto de la Ciudad. De una superficie de 12 mil 500 hectáreas, las instalaciones del nuevo aeropuerto utilizarían 4 mil 430: seis veces más que el actual. Argumentando que el actual aeropuerto no da abasto, las razones para el nuevo aeropuerto son: generación de empleo, aumento de las inversiones, elevación de la productividad, fortalecimiento del ambiente de negocios, y desarrollo regional equilibrado [5], evidenciando el corte neoliberal del proyecto. El aeropuerto es el más grande de Latinoamérica y albergará 120 millones de pasajeros y 1.2 millones de toneladas de carga al año. La inversión para la construcción de todo el proyecto es de 180 mil 123 millones de pesos. El diseño del aeródromo es del despacho del arquitecto británico Norman Foster y del despacho del yerno de Carlos Slim, Fernando Romero. Dentro de las múltiples licitaciones para llevar a cabo las obras, el mayor contrato adjudicado hasta ahora para el proyecto es el de la construcción del edificio terminal del NAICM otorgado al consorcio integrado por Grupo Carso de Carlos Slim, Prodemex, La Peninsular de Carlos Hank, Ica de Bernardo Quintana y las españolas Acciona y FCC [6]. El 11 de abril de 2016, el FPDT detecta la incursión en sus tierras ejidales de topógrafos y trabajadores que realizaban mediciones y trazos para la autopista Pirámides-Texcoco, que forma parte de la infraestructura del NAICM, y los expulsan por la fuerza. Un día después, el mismo grupo de trabajadores y topógrafos regresan, pero esta vez, custodiados por elementos armados del Ejército, quienes, a bordo de una tanqueta, se encararon con los ejidatarios. Los integrantes del FPDT, con una valla humana, impidieron su entrada. El 23 de abril, el movimiento atenquense detiene las obras de construcción de la autopista Pirámides-Texcoco e incendian el material utilizado para su construcción. A su vez, como protesta porque los trabajos invaden sus terrenos ejidales, el 28 de abril desvían parte del caudal del canal de aguas residuales Río Texcoco, excavando zanjas para conducir el agua a sus ejidos con el fin de inundarlas para evitar que la maquinaria trabaje en la edificación de la obra. Por estas acciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, inició dos denuncias penales en contra de los campesinos del FPDT [7]. El FPDT y pobladores de 15 comunidades de Atenco y Texcoco presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para solicitar la implementación de medidas precautorias debido a que, ante su oposición contra la construcción del NAICM, se han cometido actos de represión similares a los de 2006. En la queja se expone que, ante el inicio de las obras sin consulta libre, previa e informada, se pone en grave desequilibrio ecológico la zona del ex vaso del Lago de Texcoco, considerada por instancias gubernamentales como un Área de Importancia para la Conservación de Aves y como un Área Hidrológica Natural Prioritaria, así como por su función natural de vaso regulador que evita inundaciones en la región. Destacan que no solamente provocará mayores inundaciones, sino que colocará a la población de la región y de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México en condiciones críticas para acceder al agua potable, lo cual pondrá en grave riesgo la salud, alimentación y vida digna de las comunidades agraviadas. Aseguraron a su vez, que se ha implementado un mecanismo de compra ilegal de tierras ejidales promoviendo la realización de asambleas ejidales con campesinos que no lo son, en las que el núcleo de la población “autoriza” la desincorporación de las tierras de uso común para transformarlas en propiedad privada, fragmentando el tejido social interno comunitario [8]. Los importantes daños ambientales y la sobreexplotación hidrológica también fueron planteados por más de 70 organizaciones que conforman el Frente Amplio No Partidista en Contra del Nuevo Aeropuerto y Otros Megaproyectos en la Cuenca del Valle de México [9]. El 3 de mayo de 2017, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México informó que la construcción del NAICM tiene un avance del 30% y será hasta 2020, cuando esté finalizado en su totalidad [10]. En marzo de ese mismo año, recibió el premio al Emisor de Bono Verde más grande del mundo, otorgado por la organización internacional Climate Bonds Initiative, debido a que en el 2016 se colocaron en los mercados internacionales de capitales bonos por un total de 2 mil millones de dólares [11]. En 2019, el nuevo presidente López Obrador, opositor de Fox y Peña Nieto, suspenden la construcción del aeropuerto, tras una consulta. Sin embargo, el conflicto continua al proponer el nuevo aeropuerto en la Base militar de Santa Lucía en la misma Cuenca Del Valle. ___________________________________ Sum-up in English: San Salvador Atenco is a rural community thirty kilometers from Mexico City. In 2001, then-President Vicente Fox planned the construction of an International airport in Atenco, and issued a decree to remove local residents. The local communities were not consulted and began occupying the streets to defend their lands. The project would entail the loss of 80% of their land and would also lead to the displacement of at least 56.000 people. A strong movement called the Peoples Front in Defense of the Land (FPDT) was launched after popular unrest, and eventually obtained a legal injunction blocking the displacement decree in 2002. The victory was not achieved without collateral effects. On May 2nd and 4th 2006 a police repression operation was launched with the purpose of breaking up the FPDT resistance. Several people were killed or injured by the police. More than 200 peoples were imprisoned, among them 27 women who were raped during their detention. Twelve activist leaders remained in jail until 2010 after the Supreme Court ordered their freeing. They were charged with alleged kidnapping of the State officials and police officers in San Salvador Atenco. The Court declared that the Federal State has not ensured the citizens right to a fair trial. The Court also defined as illegal the evidence brought to trial. However, the civil and human rights organizations declare that the sentence is still incomplete, because it gives no justice to the 27 women raped, and does not provide an actual punishment for those responsible for the events of May 3rd and 4th, 2006. On September 2nd 2014, the new elected head of State Enrique Peña Nieto brought back the project to life. The FPDT response has been to renew their struggle and mobilizations against the project keep multiplying since the presidential announcement. Atenco inhabitants’ lands are once again under threat. Since a new law was passed at Atenco council to parcel up the land into private parcels and according to FPDT this represents a strategy to scrape off the land from the peasants’ hands little by little. -----------------------Updated 7/07/2019----------------In 2019, the new president López Obrador, who had teen in political opposition to Fox and Peña Nieto, suspended construction of the NAIM airport. But he proposed to change the allocation project to the Military Base-Santa Lucia, which is in the same Mexico Valley (See less) |