[Spanish version: see English version below] La unidad Huarón es una mina polimetálica de plata, zinc, plomo y cobre ubicada en el distrito de Huayllay, provincia y departamento de Pasco en Perú. Esta mina fue explotada desde 1912 por una filial de la empresa francesa Peñarroya y fue luego vendida a la empresa británica Hochschild en 1987. En 1998, una inundación provocó el cierre de la mina por algunos años, durante lo cual se trabajó en limpiar la mina y redirigir las aguas [1] En el año 2000, Pan American Silver adquirió la participación mayoritaria en la mina, por medio de su filial Compañía Minera Huarón S.A., y el año siguiente la empresa volvió a abrir la mina. Las dos décadas de operación de la mina por Pan American Silver, hasta la fecha, se caracterizan por distintos conflictos laborales con los trabajadores de la mina y socio-ambientales con los habitantes de la comunidad de Huayllay. De agosto del 2006 a febrero de 2007, la Comunidad Campesina de Huayllay hizo una serie de pedidos a la empresa reclamando compensaciones económicas por el uso de sus tierras por la actividad minera [2]. Según la comunidad, unas 54 hectáreas de sus tierras eran utilizadas por la empresa sin contar con su autorización [3]. Según un investigador de la Universidad del Pacífico de Perú, se abrió en este momento una mesa de diálogo con la empresa para acordar ciertos puntos [2]. En marzo del 2008, trabajadores de la Unidad Minera Huarón tomaron las instalaciones de la mina para reclamar la distribución de las utilidades, tanto para trabajadores de planilla como para trabajadores subcontratados. Se informa que el 14 de marzo se reunieron los trabajadores con representantes de la empresa en la Dirección de Trabajo y Promoción Social de Pasco y llegaron a una serie de acuerdos [2]. No obstante, nuevamente dos años después, en 2010, una huelga de los trabajadores paralizó la producción de la mina durante una semana por un desacuerdo con la empresa respecto a la distribución de las ganancias obtenidas el año anterior. El desacuerdo se resolvió con la promesa por parte de la empresa de otorgar un bono extraordinario de 800 soles (alrededor de US$225) para cada trabajador [4]. Sin embargo, en 2013 el Sindicato de Obreros de la Empresa Pan American Silver Unidad Huarón rompió el trato directo de la negociación colectiva que tenían con la empresa y empezaron una nueva huelga. Este rompimiento se debe a la exigencia por parte del sindicato de un aumento de sueldo justificado por el hecho que la empresa les pagaba muy por debajo de los sueldos existentes en otras minas del paٌís ; "En las otras empresas tienen un salario de 80 soles para arriba, mientras que en Huarón no llegamos ni a 52 soles [por día]" [5]. A este precariedad laboral en términos de sueldos se suman las graves condiciones de inseguridad a la cuales han sido confrontados los trabajadores de la mina en su historia (por ejemplo, ver la inundación de 1998 antes mencionada) y desde que Pan American Silver empezó a operar. Según información del Ministerio de Energías y Minas sobre fatalidad minera, se han registrado 19 fallecimientos de trabajadores en la mina Huarón de 2000 hasta 2019, el total más alto de todas las minas de Pan American Silver en Perú [6]. Así mismo, entre 2015 y 2019 la empresa fue sancionada varias veces por el el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) por incumplir las normas de seguridad y salud [18]. A esos impactos laborales en contra de la vida de los trabajadores, se suman impactos ambientales que tienen graves consecuencias sobre la vida de los campesinos de la comunidad de Huallay. Históricamente, la Unidad Huarón depositaba los relaves de sus operaciones en la laguna Naticocha, provocando contaminaciٕón de aguas y pastos, lo que tuvo consecuencias sobre las actividades ganaderas y piscícolas de la comunidad. Esas afectaciones a sus actividades económicas provocó la migración de casi la mitad de la población originaria de Huallay a partir de la década de los 50 [2]. Bajo la gestión de Pan American Silver, entre 2010 y 2013, la OEFA sancionó 7 veces a la Unidad Minera Huarón por incumplir las normas ambientales. Pan American Silver apeló todas las veces pero la OEFA ratificó 6 de las sanciones monetarias [13]. Entre 2014 y 2017, nuevamente la OEFA verifica el incumplimiento de diferentes normas ambientales y pide a Pan American cumplir con las medidas correctivas [16] y [17]. Vale mencionar que alrededor de 2014, Pan American se unió a la avanzada empresarial para debilitar la institucionalidad del país al demandar contra la aplicación de una contribución anual necesaria para cubrir los costos de la fiscalización ambiental que realiza OEFA. Además, en agosto del 2016, ocurrió un derrame minero provocando y afectando terrenos de la comunidad y al rٌío San José [7]. En diciembre del año siguiente, el rompimiento de una tubería de transporte de relaves provocó un nuevo derrame afectando de nuevo las aguas del río San José y varias hectáreas de terrenos de pastizales [8] y [9]. Durante el mes abril del 2018, más de dos mil pobladores de la comunidad campesina de Huayllay bloquearon las entradas a la mina para exigir indemnización por la contaminación del agua y pastizales provocada por los derrames de los años anteriores, por el incumplimiento del convenio 2007 y 2011, y por el uso sin autorización de terrenos de la comunidad por la empresa [10], [11] y [2]. La comunidad realizó un paro de 29 días. En respuesta Pan American Silver interpone denuncia contra los miembros de la Directiva de la comunidad de Huayllay por secuestro, usurpación y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos [14]. Las demandas de la comunidad recibieron el respaldo del Gobierno regional de Pasco quien se pronunció en la prensa pidiendo que Pan American aporte una solución [15]. [English version] The Huarón complex is a polymetallic silver, zinc, lead and copper mine located in the district of Huayllay, in the province and department of Pasco, Peru. This mine has operated since 1912. It was first controlled by French company, Peñarroya, and then sold to the British firm Hochschild in 1987. In 1998, the mine was closed for several years due to flooding, during which the company worked to clean up the site and redirect the water [1]. In 2000, Pan American Silver acquired a majority stake in the mine, through its subsidiary Compañía Minera Huarón S.A.. The following year, the company reopened the mine. Since then, during Pan American Silver’s two decades of operations at Huarón, there have been multiple labor conflicts with mine workers and socio-environmental conflicts with the residents of Huayllay. From August 2006 to February 2007, the Peasant Community of Huayllay made a series of requests to the company demanding economic compensation for the use of their land for mining activities [2]. According to the community, 54 hectares of their lands were being used by the company without their authorization [3]. A researcher from the Pacific University in Lima reports that this led to dialogue with the company to reach certain agreements [2]. In March 2008, workers from the Huarón mine occupied the mine facilities to demand fair distribution of profits, including among direct employees and contract workers. Reportedly, on March 14, the workers and company representatives met at the Pasco Department of Labor and Social Promotion and reached a series of agreements [2]. Nonetheless, two years later, in 2010, another workers’ strike over distribution of the previous year’s profits paralyzed mine operations for a week. The disagreement was resolved when the company promised to grant each worker a special bonus of 800 soles (about US$225) [4]. However, in 2013, the labor union at Huarón broke off their collective agreement negotiations and went on strike again to demand a salary increase. They claimed that the company paid significantly less than other mines in the country: "Other companies pay up to 80 soles or more in salary, whereas we do not even reach 52 soles at Huarón [per day]" [5]. In addition to precarious wages, workers have faced serious work-place safety issues in the past (for example, see earlier mention of the 1998 flooding at the mine) and since Pan American Silver took over. According to information from the Ministry of Energy and Mines concerning mine fatalities, 19 Huarón mine workers were killed on the job between 2000 and 2019, the highest total of all Pan American Silver mines in Peru [6]. In addition, between 2015 and 2019, the company was sanctioned a number of times by the Supervisory Agency for Investment in Energy and Mining of Peru (OSINERGMIN by its initials in Spanish) for violations of health and safety norms [18]. In addition to these labor impacts, there have been environmental impacts with serious consequences for the lives of the rural community of Huallay. Historically, the Huarón complex deposited tailings from its operations in Lake Naticocha, contaminating water and pastures with negative impacts on the community´s livestock and fishing activities. These impacts on their livelihoods led to the migration of almost half of the original population of Huallay during the 1950s [2]. Under the management of Pan American Silver, between 2010 and 2013, OEFA fined the Huarón mining company seven times for violations of environmental regulations. Pan American Silver appealed everytime, but OEFA confirmed six of the fines [13]. Between 2014 and 2017, OEFA once again reported on the violation of various environmental regulations and called on Pan American to apply corrective measures [16] and [17]. Notably, around 2014, Pan American joined the charge to weaken environmental oversight in the country by bringing a lawsuit against the application of an annual contribution that is necessary to cover the costs of environmental enforcement by OEFA. Furthermore, in August 2016, a mine spill occurred with impacts on community lands and a river [7]. In December of the following year, a pipeline for transporting tailings broke, contaminating the San José River and several hectares of grassland [8] and [9]. In April 2018, more than two thousand inhabitants of the peasant community of Huayllay blocked the entrances to the mine to demand compensation for the contamination of water and pastureland caused as a result of the spills in previous years, for the breach of the agreements from 2007 and 2011, and for the unauthorized use of community lands [10], [11] and [2]. The community’s blockade lasted 29 days. In response, Pan American filed accusations against Huayllay community leaders for kidnapping, seizure and impeding public services [14]. The regional government of Pasco backed the community’s demands, stating in the press that Pan American should contribute to finding a solution to these issues [15]. (See less) |