Rio Alto Mining compró Sulliden Shahuindo en agosto de 2014 y Tahoe Resources adquirió Rio Alto en abril de 2015. [1] Pan American Silver asumió el control de Shahuindo por la adquisición de Tahoe Resources en febrero de 2019. A pesar de la intensa oposición social al proyecto en defensa de la tierra y el agua, [2] la mina entró en producción comercial en mayo de 2016. [3]

La resistencia contra proyecto comenzó en 2012 y las protestas se intensificaron a partir de marzo de 2013, cuando más de 300 integrantes del Frente Campesino de Defensa de Cajamarca se manifestaron en una audiencia pública correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental. Las protestas siguieron y en agosto del mismo año residentes de Cajabamba y San Marcos llevaron adelante una “Marcha por la educación, la dignidad y en defensa del valle de Condebamba”. 

A pesar de las protestas, en septiembre de 2013 se aprobó la licencia ambiental del proyecto. Desde entonces, la oposición a la mina Shahuindo impulsa huelgas y protestas intermitentes. [3]

En mayo de 2015, las rondas campesinas de Cajabamba y el Frente de Defensa del Valle de Cajabamba sostuvieron una huelga de nueve días en reclamo por la inmediata salida de la empresa y el fin de la minería informal, por sus impactos ambientales sobre el distrito de Cachachi y el valle de Cajabamba. [4] Varios manifestantes fueron arrestados, incluyendo a Jorge Spelucín Aliaga del Frente de Defensa del Valle de Cajabamba, [5] quien pasó trece meses detenido sin cargos en su contra antes de ser liberado. [6]

La defensa del medioambiente justifica la oposición social al proyecto minero. La mina de oro a cielo abierto, como también la cancha de lixiviación y el depósito de escorias, se encuentran emplazados en las nacientes de los ríos Condebamba y Crisnejas, que confluyen con el emblemático Marañón en el valle de Condebamba. A los residentes les preocupa el impacto de la mina en las fuentes de agua y temen que la expansión desarrollada por Tahoe Resources en 2018 genere mayor contaminación y escasez del recurso hídrico. [3]

Dos veces en 2016, funcionarios regionales de salud y medioambiente determinaron que el agua de Chorobamba, tanto para consumo como subterránea, no es apta debido a que los niveles de metales como plomo, aluminio, arsénico, hierro y antimonio superan los límites establecidos.  En noviembre de 2017, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)difundió un informe que confirma la contaminación por metales pesados en las fuentes de agua locales por la mina Shahuindo. [7] y [8] En respuesta, las autoridades regionales llamaron al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a que implemente medidas de remediación e inicie una fiscalización permanente para evitar mayores daños medioambientales. [9]

Sin embargo, los problemas persistieron y en marzo de 2017 el Consejo Participativo Local de Educación (COPALE) llamó a Tahoe Resources a cumplir sus compromisos de proveer agua limpia a las escuelas, llevar a cabo estudios de largo plazo de calidad del agua y remediar el lago El Sauce y el manantial El Higuerón, que resultaron destruidos por el proceso de explotación minera. [10] En septiembre del mismo año, el Estado peruano anunció la conformación de una comisión de alto nivel para atender el creciente conflicto por la falta de agua y la contaminación resultante de las operaciones de Shahuindo. Entre octubre y noviembre, OEFA informó los resultados de su monitoreo de la calidad del agua a la población local y las autoridades de la zona de influencia de la mina, en los cuales confirmó nuevamente la presencia de metales pesados por encima de los límites permitidos en más de trece arroyos y manantiales que declaró no aptos para consumo humano. Las escuelas y las comunidades de Araqueda, Siguis, Liclipampa Bajo, San José y Moyan Bajo resultaron particularmente impactadas. [3]

En enero de 2018, aguas provenientes de la mina inundaron algunas comunidades cercanas y unas 100 hectáreas de tierras cultivadas, matando a decenas de cabezas de ganado y volviendo inhabitables las viviendas aledañas. Las comunidades afectadas y sus organizaciones culparon del hecho a un derrame tóxico de las canchas de lixiviación de la empresa Tahoe. Representantes regionales de la provincia de Cajabamba informaron de un fuerte olor químico y denunciaron que residentes locales presentaron llagas en la piel, al tiempo que ordenaron la inmediata intervención de la Dirección de Salud Ambiental (DESA). Representantes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y funcionarios de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (RENAMA) confirmaron la responsabilidad de la empresa ante el devastador derrame, pero no pudieron verificar la situación de las pozas de lixiviación porque no se autorizó su ingreso a las instalaciones de la mina. [11]

Anteriormente, ese mismo mes, la comunidad campesina de Chorobamba sufrió el violento ataque de unas 100 personas armadas que invadieron sus tierras e intentaron desalojar a unas 150 familias residentes en la zona durante décadas. Cinco personas resultaron gravemente heridas, incluyendo al teniente gobernador de la comunidad, Nelson Marquina Torres, de 29 años, quien fue herido de bala en la cabeza. La familia Contreras había iniciado una querella contra la comunidad por los derechos de las tierras que, sostienen los pobladores, son codiciadas por la empresa minera. A pesar de que la comunidad cuenta con un título de 36 años de antigüedad sobre los terrenos, un juez otorgó la propiedad a la familia Contreras y emitió la orden de desalojo. Se cree que esta decisión arbitraria fue resultado de la presión ejercida por la empresa Tahoe. [12]

A pesar de los conflictos y la oposición local, Tahoe triplicó la extracción de mineral en 2018 y las tensiones y violencia se intensificaron. En este contexto, Pan American Silver anunció la compra de Tahoe Resources, y con ella la mina de oro Shahuindo, en noviembre de 2018. [3]

Las comunidades persisten en la denuncia por la escasez y la contaminación del agua. En mayo de 2019, el Frente de Defensa de Cajabamba denunció a Pan American Silver por fomentar la división entre las comunidades de Lluchucauday y Chochoguera, con el fin de acceder a tierras destinadas a la actividad minera. En septiembre de 2019, cientos de miembros de las comunidades, liderados por el Frente de Defensa de y Medio Ambiente de la Cuenca del Río Cajamarquino, marcharon en defensa de la vida, el agua y la agricultura de Condebamba. Los manifestantes destacaron el hecho de que el gobierno, incluyendo a OEFA, el gobierno regional y los alcaldes municipales, nunca respondió a cinco invitaciones al diálogo con miembros de las comunidades respecto de los impactos ambientales de la mina Shahuindo. [3]

English version:

The Shahuindo open-pit gold mine is located in the District of Cachachi in the Cajabamba Valley, northern Peru. In August 2014, Rio Alto Mining bought Sulliden Shahuindo, which was then acquired by Tahoe Resources in April 2015. [1] Pan American Silver purchased Shahuindo when it acquired Tahoe Resources in February 2019. In May 2016, the Shahuindo mine went into commercial production, [2] despite strong opposition to the project in defense of land and water. [3] 

Opposition to the project began in 2012, with protests ramping up in earnest against the mine in March 2013, when more than 300 members of the Campesino Defense Front of Cajamarca protested at a public hearing over the mine’s Environmental Impact Study. Protests continued, culminating in August that same year when residents from the towns of Cajabamba and San Marcos carried out a five-day “March for Education, Dignity and in Defense of the Condebamba Valley”. Despite the protests, in September 2013 the environmental license was approved. From then on, the opposition to the Shahuindo mine has carried out periodic strikes and protests. [3] 

In May 2015, Rondas Campesinas (peasant vigilance organizations) from Cajabamba and the Cajabamba Valley Defense Front held a nine-day strike to call for the company’s immediate departure, as well as an end to informal mining in the District of Cachachi and the Cajabamba Valley given the environmental damage caused. [4] Several people were arrested, including Jorge Spelucín Aliaga from the Cajabamba Valley Defense Front. [5] Mr. Spelucín Aliaga spent 13 months in prison before being released without charges. [6] 

Environmental concerns underlie community opposition to the project. The open-pit mine, as well as the leach pad and tailings waste dump are located upstream of the Condebamba and Crisnejas Rivers, which join the Marañon River in the Condebamba Valley. Residents are concerned about the mine’s impact on their water sources, and fear that the mine expansion carried out by Tahoe Resources in 2018 will lead to further contamination and water shortages. [3] 

Twice in 2016, regional health and environment officials determined that the drinking water and underground water in Chorobamba was not apt for public consumption due to high levels of metals including lead, aluminum, arsenic, iron and antimony above permissible limits. In November 2017, the Environmental Assessment and Oversight Body (OEFA by its initials in Spanish) issued a report confirming heavy metal contamination from the Shahuindo mine in local water supplies. [7] - [8] In response, regional authorities called on the Mining and Energy Minister to carry out remediation and initiate permanent oversight of mine operations to avoid further environmental damage. [9]

Problems persisted, however and in March 2017, the Local Education Board (COPALE by its initials in Spanish) called on Tahoe Resources to live up to commitments to provide clean water to schools, carry out long-term water quality studies and remediate El Sauce lake and El Higuerón spring, which had been contaminated by the mine. [10] In September 2017, the Peruvian state announced a high-level commission to address the increasing conflict over water contamination and shortages resulting from Shahuindo’s operations. In October and November 2017, OEFA reported water monitoring results to residents and local authorities in the area of influence of the Shahuindo mine, again confirming the presence of heavy metals above permissible limits in more than 13 streams and springs, deeming them not apt for human consumption.  Local schools and the communities of Araqueda, Siguis, Liclipampa Bajo, San José, Moyan Bajo and others were particularly impacted. [3]

In January 2018, water from the Shahuindo mine flooded nearby towns and over 100 hectares of farmland, killing dozens of livestock and rendering homes uninhabitable. Affected communities and local organizations blamed the flood on an overflow of toxic water from Tahoe’s cyanide leach pads. Regional Representatives of Cajabamba Province reported smelling a strong chemical odor and observing residents with skin rashes, ordering the Department of Environmental Health (DESA by its initials in Spanish) to intervene immediately. Representatives of the National Water Authority (ANA by its initials in Spanish) and authorities from the office of Natural Resources and Environment (RENAMA by its initials in Spanish) confirmed that the company was responsible for the devastating flood, but were unable to confirm the status of the leach pads because the company would not allow their representatives on the property. [11] 

Earlier the same month, the Campesino Community of Chorobamba suffered a violent attack when roughly 100-armed individuals invaded the Campesino Community in an attempt to evict the more than 150 families who have lived on the land for decades. Five people were seriously injured, including the lieutenant governor of the community, 29-year old Nelson Marquina Torres, who was shot in the head. The Cantreras family had brought a lawsuit against the community seeking rights to their land, which many believe the mining company wanted to acquire. Despite possessing a 36-year-old title to the land, a Peruvian judge instead granted ownership to the Contreras family, and issued an injunction authorizing the eviction, a decision believed to be the result of pressure from Tahoe Perú. [12]

Despite conflict and local opposition, Tahoe pushed forward to triple production in 2018, sparking increased tension and violence. In this context, Pan American Silver announced its purchase of Tahoe Resources in November 2018, and with it, the Shahuindo mine. [3]

Communities have continued to denounce water shortages and contamination. In May 2019, the Cajabamba Defense Front also denounced Pan American Silver for fomenting conflict between the communities of Lluchucauday and Chochoguera in order to gain access to land needed for mining activities. In September 2019, community members led by the Rio Cajamarquino Watershed Defense Front, marched in defense of life, water and agriculture in Condebamba. They highlighted the fact that government authorities, including OEFA, the regional government and municipal mayors, had not responded to five invitations to hear from community members regarding environmental impacts from the Shahuindo mine. [3] 

reservas probables de oxido de mineral de 111.9 millones de TN con un promedio de oro de 0.53 g/t con 1.9 millones de onzas de oro.

La compañía Tahoe Resources compró Rio Alto Mining en 2015. En 2019, la empresa canadiense Pan American Silver adquiere Tahoe y es dueña a 100% de Shahuindo. Calcula extraer 1763 koz de oro hasta el 2028. Geográficamente se ubica a 30 km al norte de otra explotación de oro de propiedad 100% de Pan American, el tajo abierto La Arena I y su expansión en La Arena II en el departamento de La Libertad con vida hasta 2021. En 2018 recibe la aprobación del MINEM para ampliar el tajo de 98.9 a 174.4 hectáreas con una inversión de US$132.7 millones. La empresa triplicará su volumen de mineral procesado, pasando de 10,000 a 36,000 toneladas por día. Con la ampliación del tajo, el tonelaje de extracción de mineral pasará de 37.8 a 121.5 millones de toneladas, y el material excedente aumentará de 72.3 a 121.8 millones de toneladas.