Sin embargo, las principales preocupaciones surgidas en torno a la mina Manantial Espejo han sido denunciadas por sindicatos y organizaciones políticas en torno a las condiciones de seguridad. Siempre hubo inquietud por la ausencia de beneficios económicos locales y la limitada fiscalización ambiental de los posibles impactos ambientales en la provincia.

La mina de plata y oro Manantial Espejo se encuentra en la provincia de Santa Cruz, Argentina, a 60 km de la localidad de Gobernador Gregores. Puesta en operación en 2008 [3], es operada por Pan American Silver a través de su subsidiaria Minera Triton Argentina. Actualmente trabajan 640 personas aproximadamente, incluyendo trabajadores en las minas subterráneas Joaquín y COSE. [4] Próximamente, Manantial Espejo va a recibir la mena extraída de Joaquín y COSE, propiedades adquiridas por PAS en 2017. [3]

Hasta 2017, la mina Manantial Espejo fue una combinación de minería a cielo abierto y subterránea. A partir de dicho año, el tajo a cielo abierto fue cerrado y desde entonces se explota por socavón únicamente. [3] La factibilidad de seguir explotando el proyecto de manera subterránea se hizo posible por la quita de las retenciones (impuestos a la exportación) a las empresas mineras otorgada por la administración del Presidente Mauricio Macri en 2016. [5] El fundador de PAS, Ross Beaty, agradeció al gobierno argentino por esta medida en declaraciones a la prensa, [6] mientras otros cuestionan la pérdida de recursos públicos. El diario Página12 estima que con dicha medida el Estado cedió recaudación por US$158M (9817 millones de pesos argentinos) en 2017, mientras los despidos en el sector fueron constantes. [7]

Sin embargo, la inseguridad y los accidentes persistieron. En 2015, los operarios Bernard Heinze y Mauro Báez murieron en un trágico accidente mientras conducían un camión en el tajo abierto de la mina. [13] En 2019, el operario Carlos Horacio Peralta de 26 años murió en un derrumbe de escombros en el proyecto COSE. [14] El medio Diario Nuevo Día tituló: “Crónica de un muerte anunciada”, destacando las deficiencias en las condiciones de seguridad de los trabajadores y la inestabilidad de los túneles. [15] Meses antes, otro trabajador accidentado sufrió la amputación de un brazo. [15] El Partido Obrero denunció la complicidad del Ministerio de Trabajo y del sindicato, por no informar sobre el incidente. [16] A fines de septiembre de 2019, el proyecto COSE seguía suspendido por la empresa desde la muerte del trabajador, mientras la empresa anticipaba su reinicio para fines del año. [17]

Ha habido quejas intermitentes sobre la falta de beneficios económicos locales del proyecto minero. En 2012, trabajadores denunciaron a la prensa que la empresa estaba contratando muchos trabajadores extranjeros sin calificación, en violación de una ley orientada a asegurar que las empresas contraten un mínimo de 70% de sus trabajadores en las localidades aledañas al proyecto. [18] Estos trabajadores expresaron no sentirse respaldados por el sindicato AOMA. En 2018, un concejal de la comunidad de Gobernador Gregores reiteró preocupación por la poca contratación de trabajadores a nivel local, así también denunció que la mina no había llevado desarrollo a esta población. [19] Las protestas sobre la falta de contratación local continuaron en 2018 y 2019. [20] Además en 2018, el presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz (CAMISA) comentó en la prensa que había encontrado mayor dificultad para establecer una buena relación con la subsidiaria de PAS comparada con otras empresas mineras en la provincia para promover la compra de insumos a nivel local y provincial. [21] 

Con respecto a los impactos ambientales, a principios de 2012, un concejal local de Gobernador Gregores, Marcelo Serafini, denunció ante la secretaría de Medio Ambiente y Minería de Santa Cruz un derrame debido a la rotura del ducto que va desde la planta de procesamiento al dique de colas. [22] [23] Según el concejal, era el tercer incidente en un año. [22] Sin embargo, los funcionarios provinciales minimizaron el posible impacto. El secretario de Minería, Oscar Vera, salió a decir públicamente que hubo “casi” cero cianuro u otros contaminantes derramados, sin haber hecho una investigación exhaustiva. [24] [25] Un representante de una Asamblea Ambiental local cuestionó la declaración del funcionario público, insistiendo que tuvo que haber contaminantes tóxicos, sean cianuro, arsénico o metales pesados, agregando, “el Secretario debería haber salido a decir si se está investigando y no defender los intereses de una compañía que tiene impactos negativos y deja ganancias mínimas”. [26]

Vale notar que en la provincia de Santa Cruz, la aprobación de los estudios de impacto ambiental presentados por las empresas está a cargo de la Dirección Provincial de Minería (en otras provincias, este rol es del ministerio, secretaría o dirección de Ambiente, o se realiza de manera conjunta entre ambas dependencias). Eso se debe a un cambio en el Artículo 6 de la Ley 2658 de 2005, que especifica que, para las actividades mineras, la autoridad para la aplicación de la ley de impactos ambientales en la provincia de Santa Cruz será la Dirección Provincial de Minería. [27] [28] Con este cambio en esta ley, el mismo organismo encargado de promocionar la minería, es quien controla ambientalmente la actividad, significando un serio conflicto de intereses. Asambleas Ambientales de Santa Cruz han criticado la falta de fiscalización de las minas en general en la provincia. [26]

English version:

From the start, the Manantial Espejo mine operations have been bumpy: in January 2009, a Chilean fishing boat sank at the eastern mouth of the Strait of Magellan that was carrying the first shipment of gold and silver lingots extracted from the mine. [1] The insurance provider, Lloyds of London, paid the US$4 million dollars that it cost to rescue the lingots six months later. [2]

However, the principal concerns regarding the Manantial Espejo mine have been raised by unions and political parties over health and safety conditions for workers. There is also concern over the lack of economic benefit felt locally from the mine, as well as lack of environmental oversight of possible environmental impacts in the province.

The Manantial Espejo silver and gold mine is located in the province of Santa Cruz, Argentina, 60 km from the town of Gobernador Gregores. It is operated by Pan American Silver (PAS) through its subsidiary Minera Triton Argentina. Having commenced operations in 2008 [1], the mine currently employs about 640 people, including workers at the underground mines Joaquín and COSE [2]. Shortly, Manantial Espejo will receive ore for processing from Joaquín and COSE, properties that were acquired by PAS in 2017 [3].

Until 2017, the Manantial Espejo mine was both an open pit and underground operation. This same year, the pit was closed and, since then, only underground silver and gold extraction continues [3]. The feasibility of continuing to operate underground became possible when the administration of President Mauricio Macri eliminated export taxes for mining companies in 2016 [5]. The founder of PAS, Ross Beaty, thanked the Argentine government for implementing this measure in public declarations in the press, [6] while others questioned the loss of public resources. The news outlet Pagina12 estimates that the state gave up around US$158M (9817 million Argentine pesos) that it did not collect from the mining sector in 2017, while jobs in the sector continued to be lost [7]. 

workers at the mine went on strike to denounce poor labour conditions, excessively long working hours, a lack of emergency medical attention, and insecurity in the mine. [9] [10] The following month, in response to a complaint from the Argentine Mining Workers Association (AOMA), the provincial Labour Secretary temporarily closed the mine over serious health and safety issues [11]. A union leader publicly denounced “the risky conditions in terms of support systems, refuge and essentially the lack of maintenance of equipment that is in deplorable condition.” [11. The same report observes “a lack of serious controls” of mining operations in the province. Given persistent complaints over poor working conditions, in early 2011, the national and provincial Secretary of Mines audited the mine. [12]

However, hazards and accidents at the mine persisted. In 2015, two workers, Bernard Heinze and Mauro Baez, died in a tragic  accident while driving a truck in the open pit. [13] In 2019, 26-year old Carlos Horacio Peralta was killed in a waste rock landslide at the COSE project site. [14] News outlet Diario Nuevo Día called it a “Chronicle of a death foretold”, citing deficiencies in occupational safety measures  and instability in the tunnels. [15] Months earlier, another worker had lost an arm working at the mine. [15] The Workers´ Party denounced the complicity of the  Ministry of Labour and the labour union for failing to provide timely information about the accident. [16] As of late September 2019, work at the COSE project site remained suspended since the mine workers´death, at which time the company anticipated that work would resume by the end of the year. [17]

There have also been intermittent complaints about the lack of local economic benefits from the mine project. In 2012, workers complained to the press that PAS was employing unskilled foreign workers in violation of a law intended to ensure that companies will contract a minimum of 70% of their workers locally. [18] These workers did not feel supported by the union, AOMA, in their concern. In 2018, a local Councillor from the community of Gobernador Gregores reiterated that few local workers had been hired at the mine, at which time he also spoke out about the general lack of economic benefits felt in the community. [19] Protests over lack of local job opportunities continued in 2018 and 2019. [20] 

Also in 2018, the president of the Chamber of Mine Suppliers of Santa Cruz (CAMISA by its initials in Spanish) remarked to the press about the difficulties they had faced to develop a good relationship with PAS´s subsidiary in comparison to other mining companies in the province with regard to promoting local supply purchases at the local and provincial level. [21]

With regard to environmental impacts, in early 2012, a local Councillor from Gobernador Gregores, Marcelo Serafini, complained to the Secretary for Environment and Mining in Santa Cruz about a spill from a break in the pipe that connects the processing plan with the tailings dam. [22] [23]

According to the Councillor, it was the third incident in a year. [22] However, provincial officials minimized any potential impact. The Secretary for Mining, Oscar Vera, stated publicly that there was almost no cyanide or other contaminants spilled, without having undertaken a full investigation. [24] [25]

Provincial assemblies have also denounced a lack of suitable personnel in the province capable of carrying out environmental monitoring. A representative of a local environmental assembly questioned the public official´s claim, insisting that the spill must have contained toxic pollutants, whether cyanide, arsenic or heavy metals, adding, “the Secretary should have spoken out saying he was investigating and not to defend the interests of a company that has had negative impacts and leaves minimal economic benefits.” [26]

It is important to note that in the province of Santa Cruz, the Provincial Mining Office  is responsible for the approval of environmental impact studies (in other provinces, it is the responsibility of the Minister, Secretary or Office of the Environment, or a combination of both). This came about as a result of a reform in 2005 to Article 6 in Law 2658, which specified for mining activities that the authority with jurisdiction to apply the law over environmental impacts in the province of Santa Cruz would be the Provincial Mining Office. [27] [28]

With this law reform, the same agency that is responsible for promoting mining took control of environmental  assessment for the industry, representing a serious conflict of interest. Local environmental assemblies have criticized an overall lack of oversight of the mining industry in the province. [26]

Trabajan 640 personas aproximadamente. El proyecto comenzó a funcionar en 2009. Se trata de una combinación de mina a cielo abierto y explotaciones subterráneas en zonas con alta ley de mineral. En los últimos años, Pan American Silver construyó minas subterráneas en Joaquín y COSE, dos proyectos de plata de alta ley adquiridos en 2017, planeando transportar el material extraído a la planta de Manantial Espejo para su procesamiento. La vida útil del proyecto se extendió por la explotación de estas vetas subterráneas, que se hicieron más rentables por la quita de las retenciones (impuestos a la exportación) para las empresas mineras.

Pocos años después de su inicio, la explotación fue auditada debido a reclamos por las condiciones de trabajo. AOMA, el sindicato de obreros mineros, y también el Partido Obrero, han denunciado riesgos para la salud y la integridad de los trabajadores. Otro reclamo tuvo que ver con aumentar la incidencia del proyecto en el crecimiento regional. En 2019, un operario murió en un derrumbe, que según declaraciones podría haberse evitado porque ya existían reiterados pedidos de controles para aumentar las garantías de seguridad. Previamente a este triste evento, otro operario había perdido un brazo trabajando en la mina, además de otros accidentes denunciados. En 2015, dos operarios murieron en un accidente manejando un camión en el open pit. Se ha denunciado la complicidad del Ministerio de Trabajo y del sindicato, que no reclaman lo suficiente ante el incumplimiento de las medidas de seguridad.

Concejales locales (de Gobernador Gregores) han denunciado derrames debido a la rotura del ducto que va desde la planta de procesamiento al dique de colas. Los funcionarios provinciales minimizaron el posible impacto.

En Santa Cruz, la aprobación de los estudios de impacto ambiental presentados por las empresas está a cargo de la Secretaría de Minería (en otras provincias, este rol es del ministerio, secretaría o dirección de ambiente). Por lo cual, el mismo organismo encargado de promocionar la minería, es quien controla ambientalmente la actividad. Además, las asambleas socioambientales de la provincia han denunciado la escasez de personal para desarrollar tareas de control ambiental.

El movimiento socioambiental en Santa Cruz está representado por asambleas en Río Gallegos, Los Antiguos y Perito Moreno. Su poca incidencia en políticas concretas de limitación de la actividad minera ha sido explicada por la existencia en Santa Cruz de un régimen político cerrado que logra aislar sus demandas y, especialmente, por la extensión del territorio santacruceño y la lejanía de las explotaciones mineras en relación a las poblaciones. La dependencia de parte de la población hacia la actividad ha generado además una resignación en caso de consecuencias ambientales negativas. Los principales reclamos han sido llevados adelante por sindicatos mineros y partidos políticos vinculados a los trabajadores, y se concentran en el cuidado de la salud y la garantía de medidas de seguridad para los empleados.

En los últimos años, la empresa se encuentra llevando adelante su plan de cierre, el cual es parte de los primeros cierres de mina metalífera que se llevan adelante en Argentina.