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Lejos de su discurso sobre la minería sostenible y responsable, las prácticas de la empresa minera Pan American Silver evidencian el nulo respeto hacia los pueblos que defienden los territorios y se oponen a la minería. La empresa lucra en donde las comunidades han enfrentado militarización, criminalización, violencia, hostigamiento y amenazas. Estas operaciones han generado contaminación ambiental y afectado recursos hídricos esenciales. Ha habido conflictos laborales con accidentes ocupacionales frecuentes.

Nulo respeto por los pueblos que se oponen a la minería

Pan American Silver (PAS) ha comprado grandes proyectos de plata y oro a pesar de la amplia y reconocida oposición a la actividad minera de los pueblos afectados.

En 2009, la empresa adquirió el proyecto Navidad en la provincia de Chubut, Argentina, donde la minería de metales a cielo abierto y el uso de cianuro están prohibidos por una ley provincial aprobada en 2003, luego de un plebiscito y masivas movilizaciones populares. Las asambleas ambientales de la zona denuncia que la empresa presiona para lograr su habilitación, tanto a nivel local y provincial como nacional. En 2014, más que 17,000 ciudadanos de Chubut firmaron una iniciativa legislativa que propusieron para reforzar la prohibición de la minería a nivel provincial. La población está preocupada por el potencial impacto de la minería a gran escala en la cuenca del Sacanana y los acuíferos subterráneos de la meseta.

En 2019, con su adquisición de la empresa Tahoe Resources, PAS asumió el control de la mina Escobal en el sur de Guatemala. Frente a la amplia resistencia pacífica, el Estado y la empresa Tahoe recurrieron a la criminalización, violencia y militarización para reprimir a la población y abrir la mina en 2014. Escobal operó hasta mediados del año 2017, cuando los pobladores bloquearon el acceso a la mina y la corte la suspendió por discriminación y falta de consulta al pueblo Xinka. La corte también mandó al Ministerio de Energía y Minas que lleve a cabo la consulta. El pueblo Xinka ha denunciado que la consulta, aún en proceso, ha sido denunciada por discriminatorio e ilegal, por ser basado en un área de influencia determinado antes de que el proceso había iniciado oficialmente.

La mina de oro Shahuindo en Cajamarca, Perú, es otro proyecto que PAS adquirió con la compra de Tahoe Resources. Hay oposición permanente al proyecto desde el valle de Condebamba, una zona netamente agrícola, en donde la población se preocupa por el impacto de la mina sobre sus fuentes de agua. Desde 2016, las agencias regulatorias peruanas han emitido varios informes sobre contaminación por metales pesados de la mina, encontrando que las fuentes de agua no son aptas para el consumo humano. Pobladores han sufrido represión y criminalización por sus protestas sobre la pérdida de agua y contaminación por la mina. Las tensiones sociales persisten desde que PAS tomó control del proyecto.

Lucra en zonas militarizadas y en donde comunidades están sometidas

En México, los pueblos afectados por los proyectos de PAS viven en contextos de violencia, militarización y sometimiento.

Entre 2013 a 2017, PAS despojó las tierras de la comunidad afectada por la mina La Colorada, en el estado de Zacatecas, para expandir sus operaciones. La comunidad fue desplazada forzadamente por efectivos de seguridad privada y sus viviendas destruidas con maquinaria pesada. Unas 230 personas fueron reubicadas en una “Unidad Habitacional”, en donde la empresa tiene altos niveles de control sobre la vida cotidiana de la las familias y la población vive en condiciones sofocantes. La población se preocupa por posibles impactos en su salud dado la proximidad de sus viviendas a la mina. El Comité de la Población de La Colorada sigue luchando por el reconocimiento de sus derechos a la tierra natal.

PAS compró la mina Dolores en la Sierra Tarahumara, Chihuahua en 2012, en un contexto de violencia extrema por la militarización de la zona y una disputa territorial entre carteles. La militarización de la zona no ha dado protección a la población, sino que ha servido para imponer la explotación minera. Por ejemplo, militares facilitaron acceso al sitio minero para el dueño previo a PAS, la empresa minera canadiense Minefinders, durante un bloqueo de 17 meses que mantuvo la Asamblea Permanente de Ejidatarios de Huizopa, quienes reclamaron mejor renta para sus tierras y mayor cuidado del medioambiente. Luego, líderes comunitarios denunciaron que hubo presencia e intimidación por parte de la policía federal durante la asamblea definitoria sobre el acuerdo con la empresa, lo cual aseguró que  el grupo favorecido por la empresa ganaría. A mediados de 2018, cuando PAS ya estaba operando la mina, se cerró la mina por unos días frente los altos niveles de violencia en la vía hacia la mina, además de amenazas de atacar a sus helicópteros. Esta situación limita severamente la libertad del pueblo para ejercer sus derechos frente a cualquier violación o abuso, y genera altos riesgos para periodistas y organizaciones sociales que podría documentar o solidarizarse con la comunidad.

Impactos ambientales

Las posibles y actuales impactos en el medioambiente de las operaciones mineras de PAS son una fuente de preocupación entre las comunidades afectadas en diversos países, especialmente por el peligro que significa estos proyectos mineros para fuentes de agua y el bienestar de las poblaciones. Además, en un par de casos, se ha documentado cómo las autoridades ambientales son capturados por los intereses de las empresas mineras, fomentando la impunidad por daños ambientales.

Como ya se ha mencionado, la preocupación por la contaminación ambiental, especialmente en las fuentes de agua, ha sido motivo de las resistencias al proyecto Navidad y las minas Escobal y Shahuindo en Argentina, Guatemala y Perú respectivamente.

En el caso de la mina Dolores en México, aún antes de su compra por PAS en 2012, hubo 100 familias indígenas Pima desplazadas por un corte en el río Tutuaca y la contaminación generada por la mina. En 2010, también hubo un derrame de cianuro de sodio en un patio de lixiviación del proyecto.  Sin embargo, las quejas de las comunidades afectadas en esta zona hacia las autoridades ambientales se quedaron sin respuesta o con una respuesta que afirmó que no hubo daño ambiental.

En el caso de la mina Manantial Espejo, la cual opera en la provincia de Santa Cruz, Argentina, la aprobación de los estudios de impacto ambiental está a cargo de la Secretaría de Minería, en claro de conflicto de intereses, y fomentando la impunidad en casos de daños ambientales. Por ejemplo, en 2011 y 2012, hubo derrames debido a la ruptura del ducto que va desde la planta de procesamiento al dique de colas y los funcionarios provinciales minimizaron el posible impacto.
Una Asamblea Ambiental de Santa Cruz criticó la respuesta de la autoridad pública por defender los intereses de la empresa en lugar de investigar la contaminación que podría resultar de los derrames. 

En Perú, la empresa ha participado en esfuerzos para debilitar la fiscalización ambiental a través de una demanda en contra del cobro de un pago anual necesario para el trabajo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Entretanto, la mina Quiruvilca - la primera mina que PAS adquirió y operó, desde 1995 a 2012 en el norte del país - recibió 22 multas por las agencias de fiscalización cuando PAS la operaba. Ahora, la prensa peruana lo ha denominado una “bomba de tiempo”. PAS vendió la mina a la empresa Southern Peaks Mining en 2012, cuando ya estaba agotado sus vetas y el jefe ejecutivo de PAS de ese entonces dijo a la prensa que confiaba en la responsabilidad de Southern Peaks, que la empresa iba a cuidar trabajadores y comunidades. Sin embargo, la mina fue abandonada en 2017 y, desde este entonces, ha habido cinco declaraciones de emergencia en las comunidades por los niveles de contaminación con metales pesados en el río Moche relacionado con el drenaje ácido de la mina (lo cual empezó mucho antes que la llegada de Southern Peaks), y la inestabilidad de los depósitos de relaves.

Conflictividad laboral

La relación de PAS con sus trabajadores tampoco está exenta de problemas. En Perú, desde 2000 a 2019, el Ministerio de Energías y Minas registra 42 accidentes fatales en las filiales de la empresa (18 en Quiruvilca, 19 en Huarón y 5 en Morococha). En Manantial Espejo murieron dos jóvenes operarios en 2015 y un operario en junio de 2019. En Bolivia, durante la última disputa laboral en la mina San Vicente en 2017, el sindicato se declaró en estado de emergencia debido a la falta de equipos de seguridad y de las deterioradas condiciones de trabajo en los socavones. En 2018, PAS empleaba más de 4000 trabajadores y empleadas tercerizados que no pertenecían a ningún sindicato o asociación laboral, lo que representa alrededor de 57% de todos sus trabajadores.

Este mapa ha sido creado gracias a la coordinación e investigación colaborativa del grupo EJAtlas con las organizaciones MiningWatch Canadá, Earthworks y el programa de Economía Global del Instituto de Estudios Politicos, entre otros.

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This map illustrates conflicts and harms associated with eight mining projects, from Mexico to Argentina, owned by Pan American Silver. In contrast to its discourse over sustainable and responsible mining, these conflicts demonstrate a lack of respect for communities defending their territories from mining. The company is profiting in areas where surrounding communities have faced militarization, criminalization, violence, harassment, and threats. Environmental pollution has been documented at several of its mines, which affect or threaten important water supplies. Labour conflicts have also arisen along with occupational accidents.

Disrespect for peoples opposed to mining

Pan American Silver (PAS) has bought large silver and gold projects despite the broad and widely recognized opposition of affected communities to mining activities.

In 2009, the company acquired the Navidad project in the province of Chubut, Argentina where open-pit metal mining and the use of cyanide is prohibited by law since 2003, following a local referendum and massive protests. Local environmental coalitions denounce that the company has tried to pressure local, provincial and national authorities to enable mining to go ahead. In 2014, over 17,000 Chubut citizens signed a proposed legislative initiative to reinforce the mining ban. The population is concerned about the potential impact of large-scale mining on the Sacanana watershed and underground aquifers.

In 2019, with its acquisition of Tahoe Resources, PAS took over the Escobal mine in southern Guatemala. Faced with broad-based peaceful resistance, the state and Tahoe Resources had resorted to criminalization, violence and militarization to repress the population and open the mine in 2014. The mine operated until mid 2017, when local residents blocked access to the mine and the court suspended operations over discrimination and lack of consultation with the Xinka Indigenous people. The court ordered the Ministry of Energy and Mines to consult with them. The Xinka have denounced the consultation process, which is still in process, as discriminatory and  illegal, given the process is based on an area of influence that was determined before the process had officially begun.

The Shahuindo mine in Cajamarca, Peru is another project that PAS acquired with the purchase of Tahoe Resources. There is ongoing opposition to this project in the Condebamba Valley, a largely agricultural area, given concerns about its impact on local water supplies. Since 2016, Peruvian regulatory agencies have issued repeat reports of heavy metal contamination from the mine, finding that local water sources are not apt for human consumption. Residents have faced repression and criminalization for their protests over water loss and contamination from the mine. Tensions persist since PAS took over.

Profiting from militarization and subjugation of communities

In Mexico, communities where PAS operates live in a context of violence, militarization and subjugation.

Between 2013 to 2017, PAS dispossessed the La Colorada community of their lands in the state of Zacatecas to expand its mine of the same name. The community was forcibly displaced by private security guards and their homes destroyed with heavy machinery. About 230 people were moved to a “Residential Unit”, where the company has tremendous control over daily life and residents live in suffocating conditions. Residents are concerned about potential impacts on their health, given the close proximity of their homes to the mine. The Committee of the Population of La Colorada continues its struggle to have their land rights recognized.

PAS bought the Dolores mine in the Tarahumara highlands, Chihuahua in 2012, in a context of extreme and increasing violence from militarization of the area and a territorial dispute between organized crime groups. However, the increased presence of state security forces has not served to protect the population, but rather to impose the mine. For example, the military facilitated access to the mine site for prior mine owner, Canadian company Minefinders, during a 17 month blockade that the Permanent Assembly of the Community of Huizopa sustained to demand better rent for their land and greater environmental monitoring. Later, local leaders denounced intimidation by federal police during a community meeting to decide on their agreement with the company, ensuring that the group favoured by the company won the vote. In mid 2018, when PAS was operating the mine, operations were suspended for a few days when violence along the road to the mine grew deadly and after company helicopters were threatened with attack. This situation severely limits the community´s freedom to exercise their rights in the case of any abuse or harm, as well as creating extraordinary risks for journalists and organizations who might seek to document the conflict or show solidarity with the community.

Environmental Impacts

Possible and actual environmental impacts of PAS´s mine projects are a source of concern among affected communities in diverse countries, especially given the danger that mining poses to water supplies and the wellbeing of these populations. As well, in a couple of cases, there is documentation of  the corporate capture of environmental authorities, fostering impunity for environmental harm.

As already mentioned, concerns over environmental contamination, especially of water sources, has motivated resistance movements to the Navidad project and the Escobal and Shahuindo mines in Argentina, Guatemala and Peru respectively.

In the case of the Dolores mine in Mexico, prior to being bought by PAS in 2012, 100 Pima Indigenous families were displaced as the result of diversion of the Tutuaca river and contamination from the mine. In 2010, there was also a cyanide sodium spill from one of the mine´s leach pads. However, community complaints to environmental authorities either went without response or were ruled to be unfounded (no environmental damage).

In the case of the Manantial Espejo mine, which operates in the province of Santa Cruz, Argentina, the approval of environmental impact statements is the responsibility of the Secretary of Mines, which represents a serious conflict of interest. In 2001 and 2012, when there were spills from the pipe that connects the mine´s processing plant with the tailings dam, public officials minimized any possible environmental impact.
A local environmental assembly criticized the public authority´s response for defending the company's interests instead of investigating the contamination that could result from the spills.

In Peru, the company has participated in efforts to weaken environmental enforcement, bringing a lawsuit against the payment of an annual payment necessary for the work of the Assessment and Environmental Control Agency (OEFA by its initials in Spanish). Meanwhile, the Quiruvilca mine - the first mine that PAS acquired and operated, from 1995 to 2012 in northern Peru - reportedly received 22 environmental fines during this time. The Peruvian press have recently called this mine a “time bomb”. PAS sold the mine to Southern Peaks Mining in 2012, at which point the mineral deposit was running low. PAS’s then CEO told the press that he trusted in the responsibility of Southern Peaks to take care of workers and communities. However, the mine was abandoned in 2017, and since then, there have been five emergency declarations in surrounding communities given the levels of heavy metal contamination in the Moche river related to acid mine drainage from the mine (which started before Southern Peaks took over), as well as the instability of its tailing impoundments

Labour conflict

There are also concerns related to PAS’ labour record. In Peru, from 2000 to 2019, the Ministry of Energy and Mines registered 42 fatal accidents from PAS subsidiaries (18 in Quiruvilca, 19 in Huarón and 5 in Morococha). In Argentina at the Manantial Espejo mine, two young operators were killed in 2015 and another in June 2019. In Bolivia, during the latest labour dispute over the San Vicente mine, the unión declared a “state of emergency” given the lack of security equipment and deteriorating working conditions in the underground operation. As of 2018, PAS had over 4,000 employees and contract workers who do not belong to any union or labour association, or about 57% of its total workforce.

This map counts on the general coordination and collaborative research by the EJAtlas group with MiningWatch Canada, Earthworks and the Global Economy Program at the Institute for Policy Studies, among others.