Este proyecto situado a 5km a suroeste de Creel en la comunidad indígena Rarámuri llamada Bosques de San Elías Repechique forma parte del proyecto turístico inicial "Barrancas del Cobre-Mar de Cortés" que previa distintas obras ligadas al sector turístico sobre 2 millones de hectáreas en los estados de Chihahuahua, Sinaloa, Sonora y Baja California. Después esta propuesta se redujo a la conformación del corredor turístico Basaseachi-Creel-Divisadero por el medio del Fideicomiso "Barrancas del Cobre" creado en 1996. Las obras del aeropuerto representan el 36% de presupuesto total de fideicomiso (1441 millones de pesos) de 1994 a 2014 [4], lo que muestra su importancia como infraestructura de transporte clave para seguir con el megaproyecto de expansión turística existente en a región (tren turístico controlado por Grupo México, numerosos complejos hoteleros de lujo, Parque Aventura con teleférico, proyecto de gasoducto El Encino - Topolobampo). 

Hubo un primer intento de construcción del aeropuerto en la ranchería de Gonogochi, del ejido de San Ignacio Arareko pero el proyecto fue rechazado por la comunidad en 1998 por el medio de una carta firmada por 221 personas [4]. 

De 2003 a 2006 el gobierno chihuahense compró tierras a un particular, en la comunidad de Bosques de San Elías Repechique, dentro del paraje "Mesa de Awaina" que ha sido reclamado por la comunidad desde 1940 como tierras ancestrales [4]. Y a partir de 2011 comenzaron los obras de construcción del aeropuerto. 

Tres años después, el 2 de abril del 2014 la comunidad de Bosques de San Elías Repechique, interpuso un amparo (n° 422/2014) en razón de la falta de consulta relacionada con la planeación, elaboración, aprobación y ejecución, para decidir de forma previa, libre e informada sobre la aceptación e implementación del proyecto [4]. También argumentaron sobre las afectaciones provocadas por el inicio de las obras como la cancelación de ojos de aguas de los cuales se abastece la comunidad, el cierre de veredas y caminos, la cancelación de un área de pastoreo y recolección de plantas comestibles y medicinales, la devastación de 60 has de flora y la dispersión de la fauna silvestre y la remoción de toneladas de tierra y piedras con el uso de dinamita [4]. 

El 3 de abril de este mismo año el juez de Distrito ordenó una suspensión de la obra y el 27 de noviembre de 2014 emitió una sentencia a favor de la comunidad Rarámuri. Esta sentencia obliga al gobernador del estado y a la Secretaría de Economía a: a) realizar una consulta culturalmente adecuada, informada y de buena fe en la comunidad antes de poder seguir con la construcción; b) decidir de común acuerdo con la comunidad las acciones para resarcir, prevenir, aminorar y mitigar las afectaciones materiales e inmateriales ocasionadas por la construcción del aeropuerto; c) otorgar una indemnización en el caso de que las partes no se pusieran de acuerdo total o parcialmente sobre las medidas de compensación que las autoridades deberán realizar [4].

Dos años después, en abril de 2016, habitantes de la comunidad realizaron un plantón durante 9 días en las instalaciones del aeropuerto denunciando que les autoridades estaban simulando el cumplimiento de la sentencia de amparo por no haber pagado los daños materiales e materiales causados por la construcción y por el hecho que seguía aterrizando aviones en la pista [5]. 

A finales del mes de abril se llevó a cabo una audiencia para formalizar el acuerdo de pago de 65 millones de pesos a la comunidad de Bosques de San Elías Repechique, por el medio de un fideicomiso, por los daños provocados por la obra.  

Sin embargo esta solución monetaria para resolver un conflicto socio ambiental muestra una vez más su carácter perverso por la imposibilitad de reparar ciertos daños y por las nuevas dinámicas que crea en la comunidad como lo explicó muy bien uno de sus habitantes: “Los daños inmateriales son imposibles de pagar. La comunidad ha vivido mucho tiempo bajo sus formas tradicionales, sin manejar casi dinero, funcionando de otra manera, mediante su asamblea" [6].

Además desde la puesta en marcha de este fideicomiso hubo varias denuncias y protestas contra el mal uso del recurso y la poca transparencia existente en el proceso. La asignación del recurso únicamente a la comunidad de Bosques de San Elías Repechique ha generado conflictos con las otras comunidades vecinas lo que muestra la ruptura de tejido social que provocan esas remediaciones monetarias [7].

El 6 de junio del 2020 el líder indígena Antonio Montes Enríquez fue encontrado sin vida en las afueras de Creel. Antonio Montes había sido una de las personas mas activas en el proceso organizativo contra la construcción del aeropuerto y en la denuncia del mal uso del fideicomiso (como en la protesta realizada en marzo del 2020 en las instalaciones del aeropuerto). Anteriormente había sido atacado y su vivienda había sido quemada a inicios del 2020. Organizaciones locales denuncian un crimen de estado  ya que su muerte ocurrió poco días antes de un nueva manifestación planeada en las instalaciones del aeropuerto [7][8][9]. 

Este caso muestra los multiples impactos y conflictos generados por los proyectos de aeropuerto. Además por ser una obra de infraestructura clave para el desarrollo turístico en la región sus impactos negativos no se limitan al propio sitio de su construcción sino que fomentará todas la series de conflictos y procesos de despojo y mercantilización de la cultura  rarámuri que ha generados el megaproyecto turístico  de las Barrancas del Cobre. 

El Estado de Chihuahua tendrá el 98 por ciento de la concesión para la operación del Aeropuerto de Creel, por medio de la empresa Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua S.A. de C.V, mientras que el 2 por ciento restante es destinado a un particular.

Según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) publicada por la SEMARNAT [1] la construcción del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre ocupada un terreno, de propiedad del gobierno del estado de Chihuahua, de 223.1171 hectáreas. La superficie de remoción de suelo y vegetación prevista es de 47.250 hectáreas; compuestas por 41.25 hectáreas por concepto de la pista aérea; 0.15 hectáreas de la calle de rodaje; 2.64 hectáreas del área de la plataforma de abordaje; y, 3.2 hectáreas del entronque y camino de acceso.

El proyecto está dividido en varias fases:

1) mediciones meteorológicas aeronáuticas in situ (12 meses, por recomendaciones del Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, SENEAM), por lo que la operación de la pista aérea, será limitada a vuelos locales y regionales, con aproximación visual, con horario de operación de las 6:00 am. a 15:00 hrs.

2) Plataformas para operaciones comerciales y además una plataforma para la aviación general y de carga que permita el estacionamiento de 10 aeronaves. Construcción del Edificio Terminal que se estima una superficie construida de alrededor de 650.00 m2 que servirá para atender a los pasajeros, así como a las necesidades comerciales, oficinas de aerolíneas, etc. Edificio Técnico-Oficinas (100.00 m2). Instalaciones especiales. Facilitar el acceso vehicular a través de caminos.

Operativo, pretende atender una demanda de 479 pasajeros de llegada y salida y hasta 18 operaciones comerciales diarias adicionales.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, anunció que el Aeropuerto Internacional de Creel empezará operaciones para la aviación civil en agosto próximo y para la aviación comercial a más tardar a inicios del 2021 [2].