Las comunidades son víctimas del desplazamiento forzado, despojo, hostigamiento y persecución a causa de las políticas de “conservación” excluyente y venta de servicios ambientales para la mitigación del cambio climático como REDD+. Las cuales son llevadas a cabo dentro de  estas áreas protegidas por parte del gobierno Guatemalteco. La mayoría de las comunidades han sido acusadas bajo el delito de “usurpación de áreas protegidas” [1] además de ser señalados como los culpables de la deforestación e incendios [2], bajo esta justificación en junio de 2017, el ejército, la Policía Nacional Civil y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) desplegaron un operativo para desalojar violentamente a las familias de Laguna Larga con la participación de más de 1500 efectivos quienes arrasaron todo a su paso, quemaron las casas y cultivos e instalaron un puesto de control militar en la escuela [3][4]. 

La Comunidad de Laguna Larga está compuesta por 450 personas de 111 familias, la mitad de ellos niños, pertenecientes a las etnias Ch’orti’, Q’eqchi’, Mam, Achis, Kaqchikeles y ladinas, provenientes de distintas regiones de Guatemala, dedicadas al cultivo de milpas, pepitoria, frutales, cría de ganado y animales de traspatio para autosubsistencia [4]. Su establecimiento en esta zona obedeció a políticas estatales de colonización creadas en 1959 a través de instituciones como la Empresa de Fomento y Desarrollo de Petén (FYDEP) encargada de administrar el uso de los recursos naturales y a promover la colonización del departamento del Petén. Según los pobladores, el FYDEP estableció requisitos de difícil cumplimiento para la legalización de la tierra colonizada para los campesinos, mientras para los finqueros, empresarios, políticos y militares se regularizó la tierra fácilmente con plena certeza jurídica [5] [6].  Los campesinos con menores recursos económicos se vieron obligados a adentrarse más en la selva debido al difícil acceso a la tierra [7], sumado al conflicto armado de la época. 

Posteriormente, el mismo Estado pasó de impulsar procesos de colonización y desarrollo del agro a una tendencia “conservacionista”, que obedece a una agenda política regional de conservación para Centroamérica, con miras a la Cumbre de la Tierra de Naciones Unidas en 1992. Así,  en 1989 Guatemala crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SIGAP), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y promulga la Ley de Áreas protegidas: Decreto 4-89 [5]. Un año después crea la Reserva de la Biosfera Maya (RBM). En relación a las comunidades que habitan este espacio, en primera instancia, el Estado  reconoció su existencia y determinó en su reglamentación que en los Parques Nacionales y las Zonas Núcleo se restringen nuevos asentamientos y se buscaría regular o reubicar los existentes; mientras que en la Zona de Uso Múltiple, como el Triángulo de Candelaria donde estuvo asentada la comunidad de Laguna Larga, sí es factible la existencia de asentamientos, aunque deben adecuarse al manejo del área y no pueden ampliar sus terrenos (Art. 24 del Ac. Gubernativo 759-90) [8]. Por tanto, según la reglamentación, la Comunidad no corresponde a un asentamiento irregular, sino más bien a unas familias que debían vincularse y reconocerse dentro de los procesos de desarrollo económico que se llevan a cabo dentro del área protegida. 

Sin embargo,  los programas de desarrollo económico se impusieron a las comunidades sin consulta libre, previa e informada y sin integrarse en el ordenamiento jurídico, no ofrecían garantía de derechos fundamentales, desprotegiendo así a la mayor parte de las poblaciones arraigadas en estas tierras. En 1996, el  panorama empeoró con la inclusión del delito de “Usurpación de áreas protegidas” en el Decreto 110-96 a través del cual se abre la puerta para judicializar a los pobladores de estas zonas por el simple hecho de habitarlas [9]. Los años subsiguientes se iniciaron las persecuciones sobre los líderes sociales, aumentó la inseguridad y se recrudeció el crimen organizado, se empezaron a notar los rastros del narcotráfico, la instalación de pistas clandestinas para avionetas y el reconocimiento de la región por el tráfico de migrantes [10]. 

Sumado a lo anterior y en contravía con los lineamientos de preservación estricta que exigen las entidades estatales y ONG's conservacionistas como la Wildlife Conservation Society (WCS) a los campesinos, el Gobierno favorece extractivismo y  la mercantilización de los recursos naturales en las áreas protegidas. Así, mientras ejecutaban desplazamientos violentos, el gobierno de Guatemala y la CONAP permitían la explotación de petróleo, madera,  la construcción de grandes complejos turísticos y anunciaban la llegada de programas de REDD+ a través del ambicioso proyecto GuateCarbon que tiene el objetivo de vender 33 millones de dólares  en bonos de Carbono [11]  desde su creación en 2006, GuateCarbon señala a los agricultores de subsistencia y ganaderos de pequeña escala como uno de los principales grupos de agentes de deforestación [12] y por tanto una amenaza para el proyecto económico. 

Por su parte, la explotación petrolera se lleva a cabo en la región desde hace varias décadas, por la trasnacional Perenco (Francia-Reino Unido) y la canadiense Quattro Exploration and Production que posee una concesión de exploración en una vasta zona que cubre Laguna Larga [8]. En 2008, el Gobierno  promovió el fortalecimiento de la explotación al mismo tiempo que desalojaba las comunidades, promulgando la ley FONPETROL que garantizaba las explotaciones concedidas, lo cual empeoró la situación para los pobladores a nivel regional. 

Desde el 2008 se ejecutaron  los primeros desalojos sobre las comunidades vecinas en el área de influencia de los parques nacionales Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón  con la puesta en marcha del proyecto de desarrollo económico y “recuperación de la gobernabilidad” de Álvaro Colom, con un fuerte enfoque al mega turismo y bajo el cual se ordenaron los desalojos violentos de los siguientes  poblados:  Macabilero (2008), El Vergelito (2009), Centro 1 (2009), El Limón (2010) La Colorada (2010), Nueva Esperanza (2011), El Pescadito (2011), El Florido, Centro Campesino, Pollo Solo y Las Cruces [6]. 

Al mismo tiempo, en 2010, el gobierno de Álvaro Colom renovó la licencia de explotación a Perenco por 15 años más, a pesar de la negativa de 54 comunidades del Petén quienes ya estaban sufriendo consecuencias por derrames que contaminaban el agua y los cultivos. Finalmente, para resguardar los intereses de la petrolera, el gobierno asignó un grupo del ejército al que se llamó Batallón Verde, subvencionado por fondos del poder ejecutivo y por Perenco [13]. Fortaleciendo el pie de fuerza en la región, en 2017, se conoció la instalación  de la  Fuerza de Tarea del Comando Sur de Estados Unidos en el Departamento con la excusa de la lucha contra el narcotráfico y control del flujo migratorio [14]. Así, las áreas protegidas se convirtieron en regiones fuertemente militarizadas a medida que se incrementó la violencia en la zona. 

El desplazamiento a Laguna Larga ocurrió el 2 de junio de 2017. La comunidad pudo enterarse de que el contingente militar estaba en camino y huyeron antes para evitar la confrontación. Las más de 450 personas se desplazaron hacia el ejido mexicano El Desengaño en la línea fronteriza México-Guatemala [3] desde entonces sobreviven en un campamento autogestionado, enfrentando una grave situación humanitaria, sin acceso  a agua potable, saneamiento, ni asistencia médica, con graves problemas de desnutrición y brotes de enfermedades [4].  Gracias a diferentes colectivos de defensa de los derechos humanos se lograron medidas cautelares y acompañamiento jurídico ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) [15]. Sin embargo, el Gobierno guatemalteco ha incumplido los acuerdos. Después de cuatro años, la comunidad de Laguna Larga continúa en un limbo,  sufriendo la muerte de sus niñas, niños y adultos mayores  [16]. Son víctimas de una política de conservación dedicada a la venta de servicios ambientales a costa del despojo y ruptura del tejido social. Mientras las grandes compañías explotan en el mismo espacio recursos forestales y petróleo, protegidas por las fuerzas militares que actúan para “despejar” el camino de los pobladores mientras se ignora el crimen organizado. Relegada  al  olvido,  sometida a tratos injustos a nivel social y de negación de acceso a la justicia. La comunidad de Laguna Larga  sigue condenada por la apatía estatal para dialogar y llegar a un acuerdo de retorno a sus tierras con garantías jurídicas.

ONGs conservacionistas como la Wildlife Conservation Society (WCS) y con el accionar violento de las fuerzas militares y de policía . Al mismo tiempo que se ejecutan desplazamientos violentos, el gobierno de Guatemala y la CONAP permiten la explotación de petróleo, madera, construcción de grandes complejos turísticos y llevan a cabo programas de REDD+ a través del ambicioso proyecto GuateCarbon que pretende evitar 36.9 toneladas métricas de CO2, en 30 años que se plantea su operación con miras a la expansión en tiempo de acuerdo al desarrollo del proyecto. GuateCarbon cuenta con el acompañamiento técnico de Rainforest Alliance y Wildlife Conservation Society, quienes señalan a la los agricultores de subsistencia y ganaderos de pequeña escala como uno de los principales grupos de agentes de deforestación y por tanto una amenaza para el proyecto económico.

Por su parte, la explotación petrolera se lleva a cabo en la región desde hace varias décadas, por la trasnacional Perenco (Francia-Reino Unido) y la canadiense Quattro Exploration and Production que posee una concesión de exploración en una vasta zona que cubre Laguna Larga.