La región donde se pretende ubicar este aeropuerto está dentro de las 25 con mayor concentración de biodiversidad del mundo, y posee el 71.5% de los manglares de Costa Rica, además se encuentra rodeada por parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales y además se encuentra sobre el Humedal Terraba- Sierpe, declarado de importancia Ramsar.  Así también el parque de las esferas, patrimonio mundial de la humanidad.  El área de construcción del proyecto corresponde a las fincas 9 y 10 en Palmar del cantón de Osa. La finca 9 pertenece actualmente a Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) y cuenta con alrededor de 233 hectáreas y finca 10, con aproximadamente 259 hectáreas que pertenecen al Instituto de Desarrollo Rural (INDER). El financiamiento para este proyecto no está bien definido pero se estima que sea entre los $45 y $50 millones para una primera etapa.

Para el 2015 la Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica sostenía dentro de sus objetivos del plan operativo para ese año: “Es un Objetivo de Valor el desarrollar un auténtico aeropuerto bajo el concepto de “Verde”. Este estaría ubicado en la región del Pacífico Sur”, con la finalidad de contribuir al desarrollo turístico del país, por lo que debe deberá “tener  en  cuenta  los  materiales  de  la  zona,  la  fauna  y  flora,  podrá  plantearse  un edificio terminal cuya altura no sea excesiva, incluyendo posibles materiales como cristaleras  y agua. Asimismo, el aeropuerto deberá   caracterizarse por una adecuada gestión de residuos  y  el  reciclaje  de  materiales,  además  de  por  el  uso de energías verdes (fotovoltaica, eólica, etc.).” (Dirección General de Aviación Civil. Plan operativo Institucional 2015).  El conflicto existente alrededor del proyecto, se dirige principalmente a la titulación de la tierra y la satisfacción de necesidades básicas. Las solicitudes de estas personas se dirigen a hacer ver los derechos que han adquirido sobre las tierras bajo las mismas leyes promulgadas desde las instituciones, además de reclamar la titulación de la tierra y el acceso a servicios básicos, tales como el agua y la electricidad, que se encuentran en manos del Estado y él mismo debe dar solución a través de instituciones como el AYA y el ICE, ya que responde a sus derechos. Además, por parte del Estado la estrategia se ha dirigido a desestimar los valores culturales de esta población y a la evasión a brindar información, en función de la erradicación de posturas controversiales frente a dicho proyecto y la invisibilización de estas personas. Las comunidades locales han realizado protestas y han pedido al gobierno claridad sobre la información y los impactos del proyecto.  Así mismo hay incertidumbre sobre el tipo de turismo que se llevará a cabo en la zona, ya que al Norte del país (en Guancaste) posterior a la construcción del aeropuerto internacional Daniel Oduber hubo un incremento indiscriminado en la construcción de grandes hoteles, resorts, canchas de golf, supermercados entre otras amenidades turísticas. Sin embargo, Guanacaste sigue siendo una de las provincias más pobres de la región. 

Desde el 2017 el proyecto se encuentra en fases de estudio de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA). Sin embargo, existe un fuerte rechazo por parte de la población local. Como alternativa se ha propuesta ampliar la  pista de aterrizaje en Palmar Sur (cerca de la zona)  y así omitir una nueva contrucción con el desastre ambiental y social que conyevaría. Este aeropuerto no parece estar en las prioridades del presente gobierno por lo que hay un éxito temporal de las organizaciones de base. 

La terminal aérea tendría en las primeras etapas una capacidad para recibir entre 150 y 200 pasajeros por vuelo