El principal pasivo ambiental de este proyecto consistía en una pila de cloruro de sodio, de 210 hectáreas y 50 metros de altura. Este pasivo generaba riesgo de salinización del río Colorado, una cuenca compartida por cinco provincias argentinas. Ante ello, las provincias aguas abajo manifestaron su preocupación y el COIRCO (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado) fue integrado en el proceso de evaluación ambiental del proyecto. Las críticas realizadas al proyecto desde otras provincias, y principalmente por las asambleas por el agua de Mendoza (AMPAP), lograron que esta pila fuera re-planificada a mayor distancia del río. Otro perjuicio considerable era el enorme consumo de gas y de agua del proyecto.

La organización británica People Against Rio Tinto and Subsidiaries (PARTIZANS), contactó a la Asamblea por el agua del Gran Mendoza, invitándola a enviar un representante a la reunión anual de accionistas de Río Tinto. Fue así como uno de sus integrantes viajó en abril de 2008 a Londres, como parte de un grupo de representantes de comunidades afectadas por las actividades de la empresa y activistas que intervendrían en la reunión. Cuando el proyecto fue comprado por Vale, esta asamblea comenzó a participar de los encuentros internacionales de los “Atingidos pela Vale”, realizados en Río de Janeiro, Brasil.

A pesar de los cuestionamientos, el proyecto obtuvo el permiso ambiental del gobierno de Mendoza para iniciar su explotación. La empresa y el gobierno firmaron un “acta-acuerdo”, y en el marco de los debates legislativos sobre el tema, integrantes de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) agredieron y golpearon a miembros de la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza.

A principios de 2013 Vale abandonó el proyecto PRC, dejando sin trabajo miles de personas (entre 3.000 y 4.000) que habían sido empleadas por los prestadores de servicios de la empresa. Ejecutivos de Vale reconocieron en Rio de Janeiro a la agencia Reuters que intentarían vender la concesión del yacimiento mediante el cual tenía previsto extraer sales de potasio y cuya inversión iba a ser de u$s 6.000 millones, uno de los mayores desembolsos extranjeros en la historia de Argentina. Vale canceló el emprendimiento en 2013 al no recibir facilidades tributarias para compensar un aumento de costos. Para venderlo, plantea reducir la extracción esperada, y la provincia de Mendoza ha quedado comprometida a ayudar a la empresa a conseguir un comprador del proyecto.

Al inicio, se estimaba una vida útil de 40 años. La producción proyectada fue aumentando de 2,4 a 4,3 millones ton/año de potasio.

Para la extracción de sales de potasio, se inyectará agua a alta temperatura a fin de diluirlas, y se extraerá una “salmuera”, de la que posteriormente será separado, mediante procesos de evaporación, cristalización diferencial y secado, el cloruro de sodio que se encuentra junto al potasio en el yacimiento.

Los principales insumos para este proceso son: gas (1 millón de m3/día), electricidad (78 MW de potencia) y agua (1 m3/segundo). El cloruro de sodio residual será almacenado en superficie, virtualmente a perpetuidad, formando una “pila de sal” de 120 millones de toneladas, que cubrirá una superficie de 200 ha por 50 m de altura y quedará como principal pasivo ambiental de la explotación.