En juno de 2019, el diario El Comercio reportaba que la  vía San Pedro de Yumate-Río Blanco, en la parroquia cuencana de Molleturo (Azuay) estaba cortada desde hacía un año. El acceso al  proyecto minero Río Blanco se encontraba habilitada solo para los pobladores de esta zona; los trabajadores de la empresa Ecuagoldmining, que está a cargo del proyecto Río Blanco, no tienen acceso. Desde hace más de un año, esta firma china no puede ingresar al campamento y mucho menos a la mina, ubicada pocos kilómetros más arriba, porque un proceso legal, impulsado por un grupo de antimineros, paralizó este proyecto. Los anti-mineros cuestionan que en Río Blanco no se ha hecho una consulta previa a las comunidades y que la mina afecta a las fuentes de agua de la zona. El Gobierno y Ecuagoldmining tienen una posición contraria. Sostienen que no se ha demostrado la supuesta contaminación de los recursos hídricos. Además, según el gobierno con una pretendida consulta popular de febrero del 2018 se solventó el pedido de las comunidades. Todo esto ha generado tensiones en el sector aledaño al campamento de Ecuagoldmining. (2) En el levantamiento indígena de la CONAIE de octubre de 2019 contra el gobierno de Lenin Moreno, un grupo local quemó el campamento de la minera, dando al parecer un punto final a este conflicto que se arrastra desde hace años. El nuevo prefecto de la provincia de Azuay, Yaku Pérez (5), se ha mostrado contrario a la minera. 

La narrativa del conflicto, según la Redacción Plan V, se resume en 7 puntos, que son extraídos y resumidos aquí de un informe de Yasunidos Guapondelig, en  coordinación con la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU).

1. ¿Dónde es el conflicto?

El proyecto minero a cargo de Ecuagoldmining está ubicado en la comunidad de Río Blanco, que pertenece a la parroquia de Molleturo, en Cuenca. Sus concesiones están dentro del bosque protector Molleturo-Mollepungo, colindante con el Parque Nacional Cajas, ecosistema páramo y nacimientos de agua. El proyecto limita y en parte se encuentra ubicado dentro de la Reserva Mundial de la Biósfera de El Cajas, una de las cinco reservas de este tipo que tiene Ecuador junto al Podocarpus-El Cóndor, Yasuní, Sumaco y las islas Galápagos.

2. ¿Qué es Ecuagoldmining y qué hace en Ecuador?

Ecuagoldmining South America S.A. es parte de Junefield Mineral Resources Holdings Limited, fundada en Hong Kong en 1990. Se enfoca en bienes raíces comerciales y la minería industrial. Sobre este último punto, su mayor actividad está en Perú y luego en Ecuador. El proyecto de Río Blanco está en manos de la empresa china desde 2013. Pero en 2016 inició la construcción de la mina. Junefield adquirió dicho proyecto de la empresa International Minerals Corporation de Canadá, provocando lucro para esta empresa sin que el Estado cobre impuestos por aquello.

 3. ¿En qué estado estaba el  proyecto minero en 2017?

605.000 onzas de oro y 4,3 millones onzas de plata se estima que exista en la mina con una producción de 240 mil toneladas de mineral al año. El proyecto se encuentra en incipiente fase de explotación desde el 11 de agosto de 2016, inaugurado por el vicepresidente Glas. El gobierno de Rafael Correa anunció en ese entonces que con este proyecto se daba inicio a la minería de mediana escala en el país. Su vida útil está calculada en 11 años y tendrá una inversión de USD 90 millones. Pero el gobierno de Correa no supo ver la oposición local, el temor a la destrucción del agua en Río Blanco, San Pedro de Yumate y Molleturo.

4. ¿Qué conflicto hay por la minera?

Yasunidos relata que desde la llegada de esta compañía, la zona se volvió conflictiva. Hay enfrentamientos entre y dentro de las comunidades. La práctica de la minera es comprar líderes o lideresas que reciben beneficios de la empresa, sostiene la organización. También asegura que: “La empresa hace uso de otra empresa de seguridad privada, seguridad que ha propiciado escenarios de violencia contra las comunidades en zonas de influencia. Existen denuncias sobre estos casos. Adicionalmente cuenta con protección policial que siempre circula por las comunidades afectadas y protege, en ocasiones el ingreso a la mina”.

5. ¿Qué protestas se han dado en la zona?

Desde el 11 de agosto de 2017 hasta octubre se registraron las primeras protestas a la entrada al campamento minero. Comuneros acamparon al ingreso de esas instalaciones y cerraron la vía de ingreso. Pedían que se suspendan las actividades mineras en la zona. Los trabajadores de la mina fueron acompañados por la policía para que puedan ingresar.  Entre el 8 y 9 de octubre, Andrés Durazno y Mónica Guarango, dirigentes de Río Blanco, denunciaron que la seguridad de la empresa Ecuagoldmining arremetieron contra la casa donde se reunían los comuneros y que está ubicada frente a la minera. Según un boletín de la CEDHU, los hombres lanzaron piedras contra el techo hasta perforarlo e insultaron a sus ocupantes mientras hacían sonar sus machetes contra las paredes de la casa donde había niños. Esto fue denunciado ante Fiscalía. Ecuagoldmining negó los hechos.

    Pero el punto más crítico de estas protestas ocurrió el 10 de octubre de ese año 20017 cuando en los enfrentamientos resultaron heridos dos policías. El colectivo cuenta que tras los incidentes de la víspera, el Gobierno envió más uniformados a resguardar a la minera. En la gresca una moradora de la comunidad fue golpeada y detenido un menor de edad. Estos casos aún están siendo resueltos en los juzgados.

    Otro enfrentamiento en el campamento minero se dio el 8 de mayo de 2018. Hubo un policía herido y maquinaria afectada. Según el gobernador del Azuay de entonces, los manifestantes lanzaron bombas molotov que incendiaron una parte del campamento. Pero colectivos sociales apoyaron la protesta y denunciaron el secuestro de dirigentes, entre ellos Yaku Pérez, presidente  entonces de la Ecuarunari (5). El Gobierno informó que cuatro personas fueron detenidas.

 6. ¿Ha causado un impacto ambiental el proyecto minero?

 Yasunidos sostiene que existen graves impactos ambientales. Uno de ellos sobre los ojos de agua debido a la apertura de vías o construcción de infraestructura del campamento como el polvorín, sobre humedales en el territorio. Citan el caso específico de la llamada Laguna de Cruzloma. “El cual fue rellenado con material de la apertura de vías; también existen afectaciones al río Chorro, producto de las mismas actividades mencionadas anteriormente”.  “Como la empresa se encuentra ya en fase de explotación, es cuestión de tiempo, de no cerrarse el proyecto (es probable) que se muestren mayores afectaciones al ambiente, más aún teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en una zona de páramo, zona sumamente sensible”. También denuncia que el estudio de impacto ambiental que presentó la empresa no fue consultado con las comunidades, algo que contradice la norma nacional. Tampoco hubo consulta previa como lo establece la Constitución. Las comunidades más afectadas son la de Río Blanco, Llano Largo, Cochapamba, Yumate, Shin Alto, en general, las zonas altas, medias y bajas de la Parroquia de Molleturo. “... al ser la zona alta de Molleturo ecosistema páramo (donde se ubica el proyecto) lugar en el que nace el agua para las zonas de la costa sur ecuatoriana, estaría afectando también a varios sectores ahí ubicados, empezando por el cantón de Naranjal en la provincia del Guayas, zona de producción agrícola amenazada por los impactos que generará el proyecto minero”. El informe añade que no se puede determinar un número exacto de afectados. Pero solo en la parroquia Molleturo hay 7.166 personas y en Naranjal, 69.012 personas.

7. ¿Qué derechos humanos ha afectado y a quiénes?

Según Yasunidos, ochos tipo de derechos han sido violados: el derecho a un ambiente sano porque la empresa está afectando el agua que usa la comunidad; el derecho a la salud pues el conflicto que existe pone en riesgo la salud psicológica de los comuneros y daños físicos a las personas en algunos de los enfrentamientos; el derecho a una vivienda adecuada pues muchas personas han preferido vender sus terrenos por la conflictividad del lugar; los derechos laborales y derecho a la libertad sindical, aseguran que la empresa no ha permito que se cree un sindicato; el derecho a la participación; el derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas de la zona de influencia del proyecto; el derecho a la libertad y seguridad personal, denuncian que las vías que servían para comunicar comunidades se privatizaron para uso de la compañía; y derecho al debido proceso.

El Ministerio de Minería, por su lado, dijo que los hechos violentos son protagonizados por grupos externos a las comunidades de influencia del proyecto minero Río Blanco, Cochapamba, Zhín Alto y Llano Largo, e impulsados por entidades y grupos activistas como Yasunidos, Ecuarunari, CONAIE, Colectivo Pachamama y la Organización de la Zona del Sur de Molleturo(3).

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A continuación una descripción en inglés, más bien favorable a la compañía, tomada de Diálogo Chino. (4).

“There are only two routes to Río Blanco, a hamlet shrouded in fog around 3,550 metres above sea level. Both have metal barriers that block the way. Each has a different operator. Communities opposing the gold mine have blocked the paved roadway to prevent Junefield’s vehicles passing. A private surveillance company hired by Junefield controls the passage through the stony secondary road that hugs the rocky mountainside. It has the approval of the National Police. The two roadblocks provide physical evidence of a divisive and escalating social conflict in a sparsely populated area that’s rich in gold and water.” …

“When you have a project that can easily produce 610,000 ounces of gold, as well as 4.3 million ounces of silver, at current prices of US$1,325.60 per ounceof gold, it can give you a sense of how important this project could be from an economic point of view,” deputy mining minister Fernando Benalcázar told Diálogo Chino at his Quito office. Bottom line: it has a huge impact for all of us in a country that basically needs this type of investment,” he adds.

Ecuador depends on Junefield, a Hong Kong-based company which also has gold and copper mining projects in Peru, to meet its goal of mining contributing 4% of GDP by 2020. Last year, Lenin Moreno established a “super ministry” to drive long-term policy for the hydrocarbons, mining and energy sectors. “People from Río Blanco are the direct beneficiaries of jobs, capacity building and the provision of services to the company, going from the most basic things like laundry services all the way up to catering services and manpower for the project,” says Benalcázar. Many residents welcome local investment in the mine, which was inaugurated in 2016 by former Vice-president Jorge Glas, since imprisoned as part of the continent-wide corruption scandal involving Brazilian construction firm Odebrecht.

Among the lawyers for the communities was Zhang Jingjing, a prestigious Chinese environmental lawyer who has brought a number of public interest cases in China. Zhang emphasised China’s commitment to ensure that its companies respect environmental standards and ethnic minorities’ rights in countries where they operate.

However, the Ecuadorean government remains focused on perceived agitators. “Is there a conflict? Yes, among certain people who don’t even belong to this community,” says Benalcázar. “Of the eight leaders, six are from outside the community and they are under the leadership of one person. A minority is trying to compromise a project of national interest,” he adds, without naming Yaku Pérez. The government says the inhabitants of Río Blanco are not indigenous, but peasant farmers. “In certain specific circumstances, there should be free, prior, informed consent, not from [all] communities…but from ancestral indigenous communities who have been there even before the colonial days and the Spaniards and who are protected by the Ecuadorian constitution,” Benalcázar says.

“Some people, with other interests, manipulated this and are trying to obtain a veto power that in no way is established in our constitution, nor in international conventions to which we have subscribed,” he adds, stressing that the government will respect any final judicial decision.

Pro-mining communities broadly agree and attribute to Pérez a personal political agenda and opportunism in ‘playing the indigenous card’. Those in favour of mining fear Río Blanco will become a large illegal operation. Benalcázar cites the dramatic precedent of Buenos Aires in the north of Ecuador, where there is little state presence and criminal gangs oversee the illicit extraction of gold. “Rio Blanco could be the next target for illegal mining. There is a huge difference with them: modern slavery, prostitution, money laundering, zero taxes or royalties, environmental damage. They don’t give a dime,” Benalcázar warns.

Nevertheless, communities are increasingly concerned about environmental damage and are becoming sceptical of the supposed economic benefits. The companies and the government say such fears are based on misinformation or activism and repeat that they use the latest extractive technologies and bring progress. Diálogo Chino attempted to contact Junefiled Ecuagoldmining by phone and in person.  The company said its local manager was very busy with meetings in Quito and required permission from its Beijing headquarters. “You should talk to the Ministry of Mines. They are our partners,” they said on visiting their office facing Cuenca’s Tomebamba River.

“The state is a part of this conflict. It has shown that it is incapable of seeing the complexity of the problem, thinking that it’s acting in our best interests, but without even understanding the positions of the communities,” says Ivonne Yánez, a biologist at NGO Acción Ecológica, which has followed the legal process. Communities get frustrated by decisions made hundreds of kilometres away. “Even if the president of the country himself comes, we are not interested in talking about mining. We don’t believe him anymore, it’s too late”, says Río Blanco leader Hipólito Pacheco.