La represa El Cercado, se encuentra localizada en la cuenca alta del río Ranchería en la comunidad Caracolí, entre los municipios de San Juan del Cesar y Distracción. Su capacidad de almacenamiento es de 198 millones de metros cúbicos, pretende beneficiar un área de 18.536 hectáreas, 3.290 Ha para el distrito de riego de San Juan del Cesar y 15.246 Ha para el distrito de Ranchería. Además de los distritos de riego se propone el abastecimiento de agua para los acueductos municipales de Albania, Barrancas, Fonseca, Hatonuevo, Maicao, Manuare y Uribia, así como una pequeña hidroeléctrica de siete megavatios para las poblaciones vecinas. El costo inicial de la obra fue calculado en $347.548 millones en 2005, para la revisión de entrega este ascendió a $ 650.209 millones, justificando que no se habían incluida los costos de conducción de agua hasta San Juan del Cesar y Distracción.

Los diseños iniciaron en enero de 2002 y finalizaron en noviembre del 2005, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (COMPES) a través del documento 3362 de 2005, declaró como obra de importancia estratégica para el país, la construcción del proyecto río Ranchería. En agosto de este año Corporación Regional de la Guajira (CORPOGUAJIRA) contrata al Centro de Estudios e Investigación Ambiental de la Universidad de Santander para realizar la Evaluación de Impacto Ambiental y otorga la licencia ambiental N° 3158, adjudicando la construcción a Unión Temporal Guajira (UTG) quien se relacionó con la constructora Conalvias S.A. quienes inician la construcción en 2006.

En abril de 2007 la comunidad Wiwa, mediante el Consejo Territorial de Cabildos (CTC) interpone una acción de tutela contra la acción realizada como consulta pública para el otorgamiento de la licencia ambiental, las comunidades manifiestan que el proceso de consulta previa no fue adecuado ya que sólo llamaron a espacios de reuniones, pero no se convocó al Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada, que concentra a los cuatro pueblos indígenas quienes son los encargados de entablar procesos de consulta, la cual no se enmarcó dentro de los términos definidos por el Convenio 169 de la OIT y la ley 21/91, pues no adaptó de buena fe las circunstancias de las comunidades directamente afectadas.

La finalización de la presa se da en noviembre de 2010 y el resultado de la acción es denegada en mayo de 2011 debido a que supuestamente la consulta se llevó a cabo en mayo de 2005 y la comunidad faltó al principio de inmediatez, ya que la tutela se realizó después de dos años, a lo que las comunidades mencionaron que se encontraban en un proceso de desplazamiento. El lugar donde se construyó la represa es considerado sagrado por los indígenas, pero ahora es un lugar restringido y peligroso.

A nivel ambiental, el proyecto no cumplió con el plan inicialmente establecido, puesto que no se retiró un alto porcentaje de biomasa antes de proceder al llenado, lo que produjo graves enfermedades en la población, como leishmaniasis y dengue hemorrágico. A pesar de que la oficina de gerencia ambiental del proyecto solicito un plan epidemiológico ambiental de los posibles efectos debidos a la construcción del embalse del río Ranchería, el cual posiblemente no fue tomado en cuenta sin una evidente implementación.

La inundación estaba planeada para realizarse en un periodo de tres años, sin embargo se realizó en solo tres meses afectando cultivos, animales y casa de las poblaciones aledaña. Las comunidades han realizado comunicados para dar cuenta de la situación y las condiciones en que se están implementando los proyectos, mencionando que ellos han vivido sin desarrollo y esté no es la vida de su comunidad.

Después de cuatro años de concluida la primera fase, la presa no está cumpliendo ninguna función para la que fue construida, el gobierno menciona que no hay presupuesto ya que la distribución de los distritos de riego es muy costoso, la presa dispone de las tomas para que los acueductos se conecten, pero estos no tiene la infraestructura necesaria, no se encuentra generando energía eléctrica y solo afectó el cauce del río. En la actualidad el agua de la Represa esta siendo usada para riego de arroz y palma y además para la mina de El Cerrejón.

INCODER puso en licitación el control de la presa a personería privada en el periodo en que se inicia la segunda fase, sin embargo se observa que este proceso no se realizará por los altos costos y el control del agua pasará a manos de los empresarios ya que en la zona se está promoviendo el monocultivo de la palma de aceite y soja como estrategia de desarrollo, aumentando la crisis en el acceso al agua en la región y la exclusión del pueblo Wiwa.

Por otro lado, como resultado del represamiento del río ranchería la comunidad Wayúu asentada en la parte media y baja de la cuenca se enfrenta a una situación extrema de sequía dado que el río desapareció completamente, lo cual está ocasionando el aumento de la mortalidad por inanición de niños y niñas estimada en alrededor de 5 mil muertes al 2014. Según datos del PNUD el consumo de agua por persona al día de esta región es de 0,7 litros, mientras que la mina El Cerrejón declara que necesita diariamente 17 millones de litros extraídos del río Ranchería para disminuir el polvo en las vías de transporte.

Es por esto que la comunidad étnica buscó asesoría con el Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario de Bogotá y en febrero de 2015 solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para recuperar el uso del río Ranchería y con ello detener el actual índice de mortalidad infantil y desnutrición que presenta la comunidad, como herramienta de apoyo utilizarán el documental “El río que se robaron” realizado en 2014 donde demuestra las condiciones en las que esta comunidad está sobreviviendo después de la construcción de la represa. La CIDH, por el momento, solicito' por una parte al gobierno información respecto a la situación y las medidas que ha tomado, por la otra información detallada a las comunidades [1].