La empresa que lideró el emprendimiento minero fue la canadiense Radius Gold Inc., y continúo más adelante la Kappes, Cassiday & Associates, junto con sus filiales locales Exploraciones Mineras de Guatemala S.A. (EXMINGUA) y Servicios Mineros de Centro de América S.A. [3].

La comunidad vecina a la mina manifiesta no haber sido informada ni consultada y teme porque la calidad del agua que consumen se vea afectada.

 Según el Art. 45. de la Constitución de la República de Guatemala, debieron ser consultados antes de que se iniciaran las actividades mineras en sus territorios.

bloqueado al entrada a la finca donde se encuentra la mina desde marzo del 2012. Los vecinos de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc han instalado un campamento de protesta en La Puya, donde los miembros de las diferentes comunidades toman turnos de 24 horas para impedir la entrada de maquinaria.

Ha habido momentos de tensión, por ejemplo, el 8 de mayo a la 1am la empresa intentó entrar 25 camiones con maquinaria, custodiado por 40 patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC). Como se alertó a los residentes de aprox. 2.000 personas de las comunidades vecinas se unieron a detener la entrada de la maquinaria pacíficamente.

Ha habido varios intentos para reprimir a la comunidad que actúa en resistencia pacífica y legítima, como relatan los periódicos locales “Pobladores de las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, tras los hechos ocurridos el viernes 7 de diciembre del 2012, en el lugar conocido como La Puya demandaron al gobierno un explicación lógica, razonable, técnica y económica del uso de alrededor de 120 unidades policiales, así como los cientos de agentes de la PNC”. La representante de la Puya Yolanda Oquelí, sufrió un atentado en junio del 2012 por su liderazgo en la resistencia, recibió dos impactos de bala durante un intento de asesinato mientras regresaba a su casa desde La Puya. Los pobladores piden que se realice un estudio de impacto ambiental en el área y que se haga la consulta popular respectiva para que sean ellos quienes decidan si están de acuerdo con la explotación minera en el lugar, pues argumentan que estos trabajos contaminan los manantiales de agua. Líderes comunitarios han declarado que la resistencia pacífica no tiene caducidad y manifiestan satisfacción de impedir que el proyecto minero, que acusan de ser un potencial foco de contaminación y depredador de recursos naturales, esté suspendido. Ahora esperan una consulta comunitaria entre sus planes inmediatos y que la licencia de exploración se suspenda. El 2 de marzo, 2014, la comunidad celebró los dos años de victoriosa resistencia pacífica, al igual que en el primer aniversario, realizaron actividades culturales, como obras de teatro comunitario y eventos religiosos, para celebrar que la resistencia pacífica ha detenido la actividad minera. El 23 de mayo del 2014, apoyando el ingreso de maquinaria pesada, la Policía Nacional, elementos de Migración, observadores de los DH del Estado y militares desalojaron a las mujeres y hombres valientes de La Puya, que liderados por mujeres que rezaban y cantaban, finalmente fueron desalojados por medio de gas lacrimógeno. Dejando 26 heridos (entre manifestantes y fuerzas de seguridad).

En Prensa Comunitaria, uno de los representantes de La Puya manifestó que no caerán en la provocación del gobierno y de la empresa para justificar una intervención mucho mas violenta: “La lucha de la gente continua. Sabemos que será a largo plazo. En este momento da igual si ingresa una maquina o ingresan cien, continuaremos haciendo uso de nuestros derechos, la lucha seguirá siendo pacífica y tomaremos medidas legales por todas las violaciones de los derechos humanos que están cometiendo”REMAT.   Situación Actual Las comunidades ganaron un amparo por la falta de consulta a los pueblos, como medida inmediata la Corte Suprema emitió un amparo provisional que deja en suspenso la licencia de explotación en noviembre de 2015, pero hasta el 22 de febrero de 2016 es cuando notifican la suspensión y pierde la vigencia de su licencia.

  “Ya no debe de continuar trabajando, sin embargo la empresa continuo trabajando, les tapamos nuevamente la entrada principal y comenzaron a utilizar helicópteros, vía helicópteros sacaban el material que estaban extrayendo y es concentrado para oro y plata y de esa manera también ingresaban combustible, los helicópteros vuelan sobre las casas de las comunidades a una altura muy baja y aparte de eso lo que lleva lo sacaban colgando, estamos hablando de material con una gran cantidad de arsénico totalmente contaminante, así mismo el peligro que se les caiga el combustible sobre las viviendas, denunciamos y dejaron de usar helicópteros pero optaron por contratar gente para que entrara y sacar el material en hombros, estaban trabajando de forma ilegal empezamos a presionar.” Entrevista a Ana Sandoval de la Red Latinoamericana de las Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales (2016). Desde el 3 de marzo de 2016 varias personas permanecen en un nuevo plantón en las afueras del Ministerio de Energía y Minas y también otro plantón de forma permanente frente a la entrada del proyecto minero.