Este territorio indígena se caracteriza al igual que el del Tipnis, por su doble condición de TCO y área protegidas. El año 2002 Petrobras inició los trámites de licencia ambiental para comenzar con el Proyecto Sísmica 2D. El año 2004, después de la "guerra del gas" en Bolivia, la empresa logró obtener el permiso. Para realizar el proyecto se prevee la apertura de una senda de 70 Km. de largo que atraviesa en sentido NE la Reserva Pilón Lajas, adentrándose 40 Km dentro de la misma y fuera del bloque de concesión en aproximadamente dos terceras partes.
Produciría un desmonte en diferentes unidades de bosque. Se perforaría 2.520 pozos de 15 metros de profundidad, se utilizarían 16 Kg. de explosivos por pozo, en total 40,32 Toneladas. Se habilitarían 21 helipuertos con una superficie de 900 m2 cada uno, 280 zonas de descarga, 21 campamentos volantes, un campamento-base de 4 ha cerca de la comunidad El Palmar, de donde se proveería de agua. Ciento cincuenta personas trabajarían en el proyecto, de las cuales únicamente 35 a 45 serán locales. Para el abandono, simplemente se había previsto la limpieza del área, esperando que por revegetación natural se cubran las áreas desboscadas para la senda, helipuertos, zonas de descarga y campamentos.
Este proyecto jamás fue consultado a la población del área afectada. Por lo que el Consejo Regional Tsimane Moseten, se negó a recibir a los consultores de la empresa y tampoco se llevó a cabo el trabajo de campo. En 2007 Repsol también se involucró en el projecto.
El día 15 de junio 2013, todas las comunidades, corregidores y autoridades de la TCO Pilón Lajas, así como organizaciones locales, regionales, alcalde y autoridades del Consejo y del Municipio dirigieron una nota al presidente de Petrobras, en la cual indicaban, su posición de no permitir que se empiecen actividades petroleras en su territorio. Esta carta fue ampliamente difundida, traducida a varios idiomas. El FOBOMADE, en base a la nota anterior, solicitó formalmente al Ministerio de Desarrollo Sostenible la revocatoria de la licencia ambiental otorgada a la empresa Petrobras para las actividades del proyecto Río Hondo Sur. Con esto se frenó el intento de Petrobras para acceder al territorio, pero el bloque se mantiene adjudicado actualmente a Petrobras, la que se acogió a la cláusula de Fuerza Mayor del contrato para evitar la obligación de tener que devolver el bloque por incumplimiento de actividades de exploración
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UPDATE. A few years later, oil fever increased. Evo Morales and Alvaro Garcia Linera’s government, despite their feeble attempt some year ago (at the world Cochabamba meeting of 2010) to take leadership from the South of the global movement against climate change, in 2015 opened up further protected and indigenous territories in the Amazon to oil exploration and exploitation. Total was again one of the companies involved. The government argued that oil exploration activity would help to “reduce extreme poverty in the communities living in protected areas.” But poverty in real terms increases when wáter, air and soil are polluted. In any case, the national parks like Iñao, Aguaragüe, Pilón Lajas and Madidi parks had between 75% and 90% of their territories committed under oil exploration contracts. These exploration projects were authorized by Decreto Supremo (DS) 2366, which was approved in May of 2015.
On January 30, 2015, Bolivian president Evo Morales had given the green light to oil exploration in Lliquimuni, north of the capital, La Paz. The Lliquimuni Block is located on a mountain range thick with vegetation, on the edge of the country’s Amazon region. According to the state oil company, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), they will know by the end of this year whether there is oil or gas or nothing at all underneath the Lliquimuni Block, one of the many new areas of gas and oil exploration located in Bolivia’s Amazon –or near it. Oil companies such as Andina, Total, Chaco, Repsol, Maxus, Petrobras and Don Wong, among others, had obtained more than 25 concessions to explore and exploit hydrocarbons in protected areas throughout Bolivia, according to data from the National Service of Protected Areas (Servicio Nacional de Áreas Protegidas or SERNAP).
SERNAP feared that the extractive industries, along with the expansion of the agricultural frontier and of human settlement areas, are already generating a lot of serious social and environmental problems, such as the construction of roads, mining activities, and the contamination of waterways. Protected areas such as Madidi, Amboró, Isiboro-Sécure and Aguaragüe were among those most at risk. According to a 2015 report from the Center for Documentation and Information Bolivia (CEDIB), currently the surface of protected areas in the country is approximately 18,271,700 hectares. About 17% was threatened by oil activity. (1).
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