Esta mina de extracción de oro y plata a cielo abierto y por socavón, fue ilegalmente desarrollado por el dueño canadiense original, Minefinders, en las tierras de los campesinos del Ejido Huizopa. [1] Uno de los argumentos principales esgrimidos por los ejidatarios consiste en que la empresa tan sólo obtuvo permiso por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para cambiar el uso de suelo en 500 hectáreas, cuando en realidad ocupaban, de manera ilegal, 3.458 hectáreas para sus labores de exploración y explotación minera [24]. Además el contrato de usufructo de la empresa con el ejido Huizopa le daba permiso a trabajar solamente en la tercer parte del área en donde estaba operando. [1] 

También, para conseguir los títulos del proyecto minero Dolores, la empresa fue beneficiaria de una relación privilegiada con el Lic. Jose Lievano Saenz Ortiz, quien fue un actor importante dentro del partido político del PRI, en donde fungiera como Secretario Particular del presidente Ernesto Zedillo en los años 90s [2]. El Lic. Saenz Ortiz fue titular original de las concesiones mineras del proyecto Dolores, las cuales luego otorgó y vendió a Minefinders. [2] Los ejidatarios acusan al Lic. Saenz Ortiz de haber robado sus derechos, dado que anteriormente ellos habían buscado una relación con el mismo Licenciado para facilitar los trámites y encontrar el capital necesario para explorar y explotar minerales dentro de la zona. [2]  

En 2008, frente a las operaciones de Minefinders, la Asamblea Permanente de Ejidatarios de Huizopa reclamó mejores condiciones en su relación con la empresa y buscó un diálogo. Sin embargo, dado el desinterés de la empresa en abrir negociaciones, la Asamblea vio la necesidad de establecer un plantón pacífico para bloquear la mina. Las demandas de la Asamblea incluyeron medidas para asegurar mayor cuidado del medioambiente frente los peligros de una mina que utiliza patios de lixiviación con cianuro, para lo cual incorporaron a la participación del ejido con expertos independientes en un comité de vigilancia. [1] Además, la Asamblea buscaba un plan de desarrollo comunitario con financiación de proyectos productivos y un sistema de pago de renta anual con mayor fuentes de trabajo para beneficiar a todo el eiido y no a unas cuantas personas favorecidas por la empresa. [3] Sobre todo, la Asamblea quería evitar que la empresa minera continuará enriqueciéndose a costa de la pobreza de los ejidatarios y devastación de sus bienes naturales.

Sin embargo, en su lugar, los ejidatarios fueron víctimas de despojo, violencia selectiva, militarización y contaminación ambiental. Para abrir la mina, la mayoría de las casas de la comunidad fueron destruidas [4], afectando más que 60 familias. [5]  Después de entrar en operación, líderes sociales reportaron que hubo otras 100 familias del pueblo indígena Pima desplazadas de manera forzada “por la contaminación de la minera y por el corte del río Tutuaca, por parte de la misma compañía, que afectó directamente la fuente de agua para el sustento de sus actividades productivas”[6]. Sin embargo, las quejas que las comunidades hicieron a las autoridades ambientales y de derechos humanos se quedaron sin respuestas. [4] y [7]

En mayo 2008, dos ejidatarios involucrados en las protestas fueron secuestrados por varias horas por parte de la policía estatal y federal actuando al servicio de la empresa [8]. En agosto de este mismo año, el profesor Dante Valdez, quien había denunciado la empresa públicamente, fue golpeado por un grupo de 30 personas no identificadas y algunas armadas adentro de la escuela en donde estaba dando una clase. [5] Luego de este incidente, Amnistía Internacional emitió una acción urgente notando que; algunas de los golpeadores fueron empleados de la empresa minera. [5] Además, durante los 17 meses que duraba el plantón, miembros del ejército colaboró con la empresa para intimidar a los ejidatarios y facilitar la entrada de la empresa al sitio minero. [5]

Por último, el ejido firmó un acuerdo con Minefinders, pero este acto también fue irregular. La periodista Dawn Paley documentó, en base de entrevistas con algunos líderes sociales, que hubo presencia e intimidación por parte de la policía federal durante la asamblea definitoria para asegurar que ganaría el grupo favorecido por la empresa cuando se tomó la decisión sobre el acuerdo con la empresa. [5] También denunciaron que la empresa había usado incentivos económicos para ganar el favor de ciertos ejidatarios. [5]

Poco después de que la mina entró en operación (en 2009), las preocupaciones sobre la contaminación ambiental se hicieron realidad. En julio de 2010, los ejidatarios realizaron una denuncia pública sobre un derrame de cianuro de sodio en el patio de lixiviación del proyecto. [7] Pese a comprobar y aceptar la presencia de cianuro en el suelo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) afirmó que no había daño ambiental. [7] Vale la pena precisar que en sus propios informes, el actual dueño de la mina, Pan American Silver, reconoce que, hubo un rasgadura en el revestimiento de uno de sus patios de lixiviación en junio de 2010, por lo cual la empresa se vio obligada mover gran parte de los minerales (5 millones de toneladas) a otro patio. [9]. Dante Valdez denunció que hubo mortalidad de peces y animales por la contaminación que resultó de la mina, además de problemas en la salud de la población. [10]

En marzo de 2012, la empresa canadiense Pan American Silver compró la empresa Minefinders y la mina Dolores [11]. Es importante destacar que, aunque se había documentado el control territorial operado por grupos del crimen organizado desde tiempos anteriores, con un alto nivel de violencia en la Sierra Tarahumara en donde se ubica el municipio de Madera, fue a partir de este momento que se documentó el recrudecimiento de la violencia en la región, a raíz de una disputa entre dos carteles por el control territorial, así como la respuesta militarizada del estado, lo cual ha tenido severas repercusiones para pueblos indígenas y comunidades campesinas que están defendiendo su tierra y su territorio [6] y [13]. 

Desde antes de que Pan American Silver tomara el control de la mina, se había observado el incremento de la militarización en la zona que fue justificada por la supuesta “Guerra Contra las Drogas” pero que operaba a favor de la inversión minera, tal como ha documentado Dawn Paley en torno a la ayuda que el ejército brindó a la empresa durante el bloqueo [14].

En agosto 2012, poco después de que Pan American compró el proyecto, el profesor Dante Valdez denunció la detención de un ejidatario quien había estado participando en actividades relacionadas con los impactos de la mina por la policía ministerial de Chihuahua [15]. Luego, desde 2013, se empezó a señalar el ingreso del crimen organizado en el gobierno municipal de Madera como parte de la narcopolítica que algunas periodistas valientes han denunciado [6]. 

Según un informe de 2018 de la organización social chihuahuense CONTEC, tal como en otras partes de México, “se ha entablado una compleja relación entre las empresas mineras y el crimen organizado que comparten territorios y rutas de traslado de su producción. Ambos tienen sus propios ejércitos privados o guardias de seguridad. Los narcos se encargan de limpiar el terreno para que las empresas extraigan los minerales, despoblando comunidades o disuadiendo a los habitantes inconformes con las explotaciones.” [16] El nivel de riesgo en lugares como el municipio de Madera, ha limitado el trabajo de documentación y acompañamiento en la zona de las organizaciones de derechos humanos y del medioambiente [17]. 

Además, vale mencionar que de las periodistas quienes han reportado sobre la mina Dolores, Miroslava Breach de La Jornada fue asesinada en marzo de 2017 y, alrededor del mismo tiempo, Patricia Mayorga de la revista Proceso tuvo que buscar refugio en otro país  debido a sus reportajes sobre la vinculación entre el crimen organizado y la política en Chihuahua [18]. 

Debido a esos altos niveles de violencia en la zona donde opera la mina (varios asesinatos ocurrieron en el camino hacía la mina en 2017 [19] y hubo un ataque en contra de los helicópteros de la empresa en 2018 [12]), la empresa suspendió sus operaciones por unos días en mayo de 2018 [6]. 

En un artículo publicado por una fuente de noticieros mineros canadienses sobre este incidente, un analista sobre temas relacionado a las empresas y el crimen organizado dijo, “Cualquiera que ingresara a Chihuahua para hacer negocios después de 2009 o 2010, supo en qué se metía y aparentemente calculó y tomó la decisión de que los beneficios iban a ser mayores que los riesgos que iban a correr, además de [los costos de] la seguridad adicional que significaba para operar con éxito.” [20] 

Se supone que es con este nivel de conocimiento que Pan American Silver decidió adquirir la mina Dolores en marzo 2012, a pesar de todo lo que ello ha significado, incluyendo la militarización para su relación con el ejido Huizopa y las demás comunidades afectadas. En este contexto, es preocupante que una empresa quiere operar en una zona en donde se beneficia de condiciones de violencia extrema [21] que genera asesinatos, desapariciones, y desplazamiento forzado que son poco documentados [17], por el gran control social impuesto por todas las fuerzas armadas legales e ilegales presentes, y el silencio que genera alrededor.

English version:

The Dolores mine is situated in the municipality of Madera in the Tarahumara highlands in the state of Chihuahua, some 290km west of the capital of the same name.

This open-pit and underground gold and silver mine was illegally built on the land of the rural community Ejido Huizopa by its original Canadian owner, Minefinders [1]. One of the community´s principal argumentsis that the company had only obtained permission from the Secretary of Environment and Natural Resources (SEMARNAT by its initials in Spanish) to operate on an area of 500 hectares, but illegally occupied 3,458 hectares for mineral extraction and exploration activities [24]. As well, the land-use contract between the company and the Ejido Huizopa only gave the company permission to operate on a third of the land where it was operating [1]. 

Furthermore, to obtain the mining concession titles for the Dolores mining project, the company benefited from a privileged relationship with Mr. Jose Lievano Saenz Ortiz, who was an important figure in the PRI political party and private secretary to President Ernesto Zedillo in the 1990s [1]. Mr. Saenz Ortiz was the original title holders to the mining concessions for the Dolores project, which he then granted and sold to Minefinders [2]. The community members accuse Mr. Saenz Ortiz of having robbed them of their rights, given that they had previously  sought a relationship with him in order to seek the permits and capital necessary to explore and exploit minerals in the area themselves [2].

In 2008, in response to Minefinders´operations, the Permanent Assembly of the Community of Huizopa sought better conditions in its relationship with the company for which they sought dialogue. However, given the disinterest of the company in negotiating with them, the Assembly saw it necessary to undertake a peaceful protest to blockade the mine. The demands of the Assembly included measures to ensure better environmental protection given the dangers of a mine that uses heap leaching with cyanide to extract the gold from the ore, involving community members and independent experts in an oversight committee [1]. The Assembly was also fighting for a community development plan with funding for productive projects and annual rent with more job opportunities to benefit the whole community and not just a few people who were favoured by the company [3].  Overall, the Assembly wanted to prevent the mining company from continuing to benefit at cost of the poverty of the community and devastation of their natural commons.

However, instead, the community became victims of dispossession, selective violence, militarization and environmental contamination. In order to open the mine, the majority of the homes in the community were destroyed [4], affecting more than 60 families [5]. After going into operation, community leaders reported that another 100 families of Pima Indigenous people were forcibly displaced “as a result of contamination from the mine and a change in the course of the Tutuaca river by the same company, that directly affected the source of water to sustain their other economic activities” [6]. However, the community´s complaints to environmental and human rights authorities went without response [4] y [7].

In May 2008, two community members involved in the protests were kidnapped for various hours by the state and federal police that were acting in favour of the company [8]. In August of this same year, Professor Dante Valdez, who had complained publicly about the company, was beaten by a group of thirty unidentified people, some of them armed, in the school where he was teaching a class [5]. After this incident, Amnesty International issued an urgent action stating that some of the people involved were employed by the mining company [5]. Also, during the 17 months that the protest was maintained, soldiers collaborated with the company to intimidate community members and enable the company to continue having access to the mine site [5].

Ultimately, the community signed an agreement with Minefinders, but not without further irregularities. Journalist Dawn Paley has documented, on the basis of interviews with community leaders, that federal police were present and intimidating community members during their definitive assembly meeting over the mine contract, which ensured that the decision sided with a group of community members favoured by the company [5]. They also denounced the company for using economic favours to gain support from certain community members [5].

Shortly after the mine went into operation, community concerns about environmental contamination became reality. In July 2010, community members publicly complained of a sodium cyanide spill from the mine´s leaching pad [7]. Despite confirming and accepting the presence of cyanide in the soil, the Federal Prosecutor for Environmental Protection (PROFEPA by its initials in Spanish) stated that there was no environmental damage [7]. It is worth noting that in its own filings, the current mine owner, Pan American Silver, acknowledged that a tear developed in the liner of one of the leaching pads in June 2010, for which reason the company moved a large part of its ore to another leaching pad [9]. Dante Valdez has denounced that fish and animals that died as a result of contamination from the mine, also raising concerns about health problems in the community [10].

In March 2012, Canadian mining company Pan American Silver bought the Dolores mine [11]. It is important to mention that, although territorial control of this area by organized crime groups had been documented in this area for a number of years with high levels of violence in the Tarahumara highlands where the municipality of Madera is located, it was in the period when Pan  American purchased the project that violence was worsening as a result of a dispute between two cartels over the area and the militarized response of the state with serious repercussions for Indigenous peoples and rural communities who defend land and territory in the area [6] y [13]. Before Pan American Silver took over the mine, militarization had taken place in the name of the so-called War on Drugs that worked in favour of mining investment, as Dawn Paley has documented, with regard to the army´s support for the company during the earlier blockade against the mine [14].

In August 2012, shortly after Pan American purchased the project, Professor Dante Valdez spoke out against state police investigators who detained a community member who had participated in protests over the mine´s impacts [15]. Then, starting in 2013, reports started to come out about the entry of organized crime into municipal politics in Madera, part of the trend of narco-politics being documented by some brave journalists [6]. 

According to a report from the Chihuahua NGO CONTEC, as in other parts of Mexico, “a complex relationship has been established between mining companies and organized crime that share territories and transportation routes. Both have their own private armies or security guards. The cartels clear the way for companies to extract minerals, depopulating communities or dissuading residents from speaking out who are discontent with their operations [16].” The level of risk in areas like the municipality of Madera limits the work that human rights and environmental organizations can do to document and accompany communities [17].

In addition, it is worth mentioning that of the journalists who have previously reported on the Dolores mine, Miroslava Breach from La Jornada news outlet was assassinated in March 2017 and, around the same time, Patricia Mayorga from Proceso magazine had to seek refuge in another country given their reporting about the links between organized crime and politics in Chihuahua [18].   

Given such high levels of violence in the área of the mine (where assassinations occurred on the road to the mine in 2017 [19] and there were attacks on company helicopters in 2018 [12]), the company decided to shut down operations for several days in May 2018 [6].

In an article published by a Canadian mining news outlet about this incident, an analyst on organized crime and business in Mexico remarked, “Anybody that got into business in Chihuahua after 2009 or 2010 definitely knew what they were getting into, and apparently they made the calculation and a business decision that the rewards were worth the risks they were running, and the [costs of the] additional security that would be required to operate there successfully [20].”

One would suppose then that Pan American Silver had a similar level of knowledge when it decided to acquire the Dolores mine in March 2012, despite all that this has meant for the militarization of its relationship with the Ejido Huizopa and other affected communities.  It is worrisome that a company would want to operate in an area where it benefits from conditions of extreme violence [21], including assassinations, disappearances, and forced displacement that are under-documented [17] given the  social control imposed by the legal and illegal armed forces present, and the silence that results.

Keywords: cyanide, ejido, common lands, corruption, Canada mining companies

Hasta 2019, tenía reservas de 36.7 millones de onzas de plata y 1.2 millones de onzas de oro [22]. La extracción estimada para 2019 es de 5.2 a 5.5 millones de onzas de plata y de 114.5 a 120.0 miles de onzas de oro. [22]

El proyecto consiste en tres concesiones mineras (Dolores, Silvia y Unificacion Real Cananea) para una superficie total de 27,700 ha. [23]

En base de las reservas estimadas actualmente, la empresa proyecta que la mina va a operar hasta 2025. [9]

Desde 2016, Pan American ha estado expandiendo la mina con la apertura de una mina subterránea que extrae 1,500 toneladas de mena por día y una planta de procesamiento “pulp agglomeration” para mena de alta concentración de metals preciosos. [9]