Los ambientalistas alertaron sobre el incremento de casos de cáncer y enfermedades broncopulmonares en la comunidad de Maney, municipio de Huichapan, como secuela de la contaminación que dejó el incinerador de la cementera Cemex. La Alianza Global para Alternativas a la Incineración de Residuos Urbanos Sólidos (GAIA por su nombre en inglés), con presencia en 80 países y dos años de trabajos en Hidalgo, señaló en mayo 2013 que pese a que el incinerador de Huichapan dejó de funcionar, pobladores de Maney sufren afecciones. El biólogo Jorge Tadeo Vargas Juvera, coordinador de la campaña contra la incineración de residuos en plantas cementeras, dijo a La Jornada que según las encuestas en Huichapan, 30 por ciento de su población, unos 13 mil 200 habitantes, tiene padecimientos broncopulmonares, cardiacos, de piel y de cáncer.

Dijo que por las presiones de la organización Ciudadanos Unidos por el Medio Ambiente, el incinerador de residuos sólidos que funcionaba desde mediados de los 90 en Huichapan, cerró en septiembre de 2012. El de Atotonilco de Tula continúa funcionado.

"El gobierno capitalino paga a diario a la empresa cementera en cuestión 300 pesos por cada tonelada de basura transportada y quemada en sus incineradores". Manifestó que llantas, baterías de autos, desechos electrónicos (monitores y cerebros), cassetes y discos piratas, plástico, desechos biológicos infecciosos, metales pesados y plaguicidas forman en los incineradores un cóctel de gases tóxicos que han causado estragos en la salud de la población.

Vargas, junto con Mariel Vilella, integrante del equipo de biólogos y ambientalistas de GAIA, es autor de un estudio sobre las consecuencias de la clausura del tiradero Bordo Poniente. Consideró que hasta ahora no hay respuesta de la cementera a la demanda de reparación de daños.

Hidalgo cuenta con una Ley de Protección al Ambiente que prohíbe tanto la incineración de basura como el transporte de residuos no producidos en el estado; sin embargo, a diario ha recibido del Distrito Federal 15 mil toneladas de desechos, de las cuales 12 mil tenían como destino los hornos de Huichapan y 2 mil los incineradores de Atotonilco. Huichapan era la encargada de recibir y procesar las 12.000 toneladas de residuos sólidos generados diariamente en la Ciudad de México, para ser quemados como combustible alterno en los hornos de la planta de CEMEX. El envío a hornos cementeros fue una de las principales “soluciones" impulsadas, mediante un convenio firmado con CEMEX y el Gobierno del Distrito Federal GDF para el tratamiento de los residuos de la capital mexicana, tras el cierre del vertedero Bordo Poniente (el más grande de Latinoamérica), en diciembre de 2011, y fue cuestionada por sus impactos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente.

Los habitantes del municipio de Huichapan, principalmente de las localidades de Maney, Dongoteay y Zothe ubicadas en torno a la planta de CEMEX, comenzaron a sentir los efectos negativos sobre la salud y los ecosistemas cuando ésta comenzó a recibir y a quemar indiscriminadamente la basura proveniente del DF, y se organizaron en el CUMA, para resistir a esta falsa solución a un problema generado en otro lugar del país y levantar sus propias alternativas para el manejo de residuos.

La comunidad local estuvo apoyada por el biólogo Jorge Tadeo Vargas, de GAIA, y la diputada estatal Sandra Ordaz Oliver, Presidenta de la Comisión de Salud del Congreso Local, quienes se han comprometido a hacer cumplir en todo Hidalgo la prohibición de combustión de residuos sólidos urbanos y peligrosos, así como impulsar una ley de Basura Cero para el estado y sus municipios, que incluya las opciones más sustentables como; la Reducción y Separación de Residuos en el Origen, el Reuso, el Reciclaje y el Compostaje.