Como narra Mauricio González (1), CORASON tiene antecedentes. "En 2008, pobladores de Huautla, Hidalgo, agrupados en el Frente Democrático Oriental de México “Emiliano Zapata”, organización campesino-indígena formada al fuego de la lucha y recuperación de tierras en los decenios de 1970 y 1980, registraron la presencia de trabajadores petroleros en tareas de exploración en sus ejidos. El Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y la Sierra Oriental, integrante de dicha organización, junto con locutores de la histórica Radio Huayacocotla, “La voz campesina”, y algunos investigadores solidarios, comenzaron a denunciar la nueva fase de la política extractivista en la región, encarnada en el proyecto petrolero Aceite Terciario del Golfo (atg), el cual incluía 16 municipios de Veracruz y de Puebla. Todo ello se volvió aún peor con la reforma energética, pues no sólo legalizó las asignaciones territoriales a diferentes inversionistas a través de varias rondas de licitación que incluyeron el atg sino que, también, posibilitó la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales."

Miembros de diferentes colectivos de derechos humanos, junto a activistas e investigadores, comenzaron a registrar afectaciones que los pobladores les consignaban, lo cual significó el cimiento organizativo que dio pie a que, en 2013, en una preaudiencia multitemática realizada en Acatepec, el Tribunal Permanente de los Pueblos se pronunciase contra dicha explotación, calificándola de ecocida y etnocida (1). Comisariados y pobladores de diferentes comunidades de municipios poblanos, veracruzanos e hidalguenses, dieron a conocer a escalas nacional e internacional los riesgos y agravios registrados hasta entonces por dicha intervención petrolera.

Al sur de la cuenca petrolífera Tampico-Misantla, en una de las zonas más afectadas por el atg, en Venustiano Carranza y Pantepec, Puebla, comités del Movimiento de Regeneración Nacional impulsaron campañas de información e investigación sobre los perjuicios de la acción de las empresas petroleras que operaban junto a Pemex en ese entonces. Estos comités se vincularon con pobladores de Huauchinango, Puebla, que en 2013 afrontaron una disputa con Gasomex por el paso de un gasoducto en la comunidad de Cuacuila. Agrupados en la organización Ciudadanos Unidos en Defensa de sus Derechos, promovieron un amparo colectivo que suspendió, al menos eventualmente, la ejecución de dicha obra. La confrontación de comunidades frente a la construcción de infraestructura petrolera no ha cesado, se han promovido cuatro amparos contra el gasoducto Tuxpan-Tula por diferentes comunidades de Pahuatlán, Puebla. (1).

En el ámbito internacional, en 2010 diversas organizaciones promovieron denuncias frente al relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, que tuvo seguimiento en 2017 con el relativo al Derecho Humano al Agua, mediante un informe realizado por más de 100 organizaciones, el cual incluyó un recorrido por comunidades de Papantla (Veracruz) para comprobar la contaminación de fuentes hídricas por extracción petrolera. La articulación generada por el Tribunal Permanente de los Pueblos y la preocupación de ambientalistas y organizaciones civiles en torno a la promoción del fracking produjeron una nueva fase de oposición a la explotación petrolera, la cual tiene dos actores nodales: la Alianza Mexicana contra el Fracking y la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (Corason).(1).  La alianza es un colectivo formado por más 40 organizaciones del centro y norte del país que realizan acciones dirigidas a la prohibición del fracking: desde la promoción de iniciativas de ley federales y estatales hasta actividades de difusión, denuncia, información, investigación y monitoreo sobre el establecimiento de esta técnica en el país, así como de formación y capacitación de sus integrantes en temas relacionados con industrias extractivas. (1).

El colectivo Corason comenzó a formarse por iniciativa de algunos promotores de derechos humanos, activistas e investigadores de la región que iniciaron pláticas informativas en algunos ejidos de Papantla, a principios de 2014, extendiendo su labor hacia Atlapexco, Huautla y Huejutla en Hidalgo, Ixhuatlán de Madero y Álamo-Temapache, Veracruz; y Francisco Z. Mena y Venustiano Carranza, Puebla, así como en diversos municipios de San Luis Potosí, apoyados por organizaciones cafetaleras defensoras del derecho al agua.(1). Las caravanas de información antifracking presentaban, en diferentes asambleas, los daños ecológicos y a la salud que la extracción de gas shale conlleva. A esa labor se sumaron poco a poco más comunidades y organizaciones de la Sierra Norte de Puebla provenientes de diversas disputas territoriales exitosas. Una labor significativa fue la inclusión cada vez más amplia de autoridades de diferentes ejidos y comunidades agrarias, donde la inconformidad fue detonando procesos de formación de promotores y regulación comunitaria, con acuerdos asamblearios de prohibición del uso de fractura hidráulica que, en municipios de San Luis Potosí, incluyó dos acuerdos de cabildo.

Hasta mediados de 2015, en el ejido Emiliano Zapata, de Papantla, Veracruz, no se llevó a cabo el primer encuentro del colectivo (3), lo cual marcó un viraje en su enfoque, pues habían concentrado mucho de su quehacer en la lucha contra el fracking, asumiendo desde entonces un compromiso territorial más amplio.(1). A la fecha se han celebrado tres encuentros regionales, los cuales pretenden realizarse en zonas donde la amenaza de algún agravio es inminente. Actualmente, Corason articula alrededor de 120 comunidades y organizaciones de San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz y la Ciudad de México, integrando a redes de organizaciones solidarias que a su vez agrupan colectivos en defensas territoriales que van desde la lucha antiminera hasta las que están contra hidroeléctricas e infraestructura energética. (1).

La activista Alejandra Jiménez (5) desde que supo de los daños que se registraron en Estados Unidos, organizó junto con sus compañeros e integrantes de las comunidades de El Chote y Agua Dulce (las que más pozos registran), a alertar a los pobladores de Papantla mediante jornadas informativas para evitar la instalación de más pozos porque ni Pemex, ni las empresas, ni el gobierno les han querido dar una explicación. En diciembre 2017 Alejandra Jiménez informó que unn experto en registro de emanaciones de gases fugitivos de instalaciones petroleras de Estados Unidos, visitó Poza Rica y Papantla, y registró con una cámara infrarroja, al menos nueve sitios donde la industria emana gases tóxicos al ambiente. En cada lugar donde hizo controles pudo encontrar emisiones nocivas para el ambiente y para las personas.(6).

 Las grabaciones se realizaron en el marco de una capacitación para organizaciones en el norte de Veracruz, ofrecido por Earthworks, una organización social de Estados Unidos que se especializa en darle a comunidades locales las herramientas para documentar fugas de gases tóxicos en instalaciones petroleras.

En resumen: las acciones de defensa territorial contra el neoextractivismo energético en esta región articula diversas escalas con diferentes niveles de incidencia, difusión y denuncia de riesgos y agravios que impone la producción petrolera de empresas nacionales e internacionales, junto a acciones jurídicas, formación de promotores e investigación especializada, que se suma a trabajos preventivos a escalas comunitaria y municipal.(1).

La resistancia llevó a que en la mañana del 20 de junio 2015, en el ejido Emiliano Zapata, municipio de Papantla, Veracruz, la gente se ocupaba en tener todo listo para recibir invitados en la comunidad. (3). Recibidos con atole y tamales, autoridades y pobladores de diferentes comunidades de la región, miembros de organizaciones civiles y sociales, activistas e investigadores provenientes de 11 estados del país se dieron cita en el Encuentro Regional Norte-Golfo en Defensa del Agua y el Territorio Frente a los Proyectos de Muerte. Esta región es testigo de los estragos que genera la extracción petrolera. Esta comunidad en particular padece la presencia de turbinas de compresión y pozos de venteo que mantienen una columna permanente de fuego que en más de una ocasión alcanza decenas de metros de altura, anulando la noche, ensordeciendo las palabras. En Papantla, desde 2003 han sido perforados 172 de los 349 pozos registrados en todo el estado que han utilizado fractura hidráulica, técnica mundialmente rechazada por sus nocivos efectos a la salud humana, al agua, aire y al medio ambiente en general. (3).

Frente a los planes de fracking de gas, en la reunión de CORASON en junio de 2015 en el ejido Emiliano Zapata en Papantla, Veracruz, se pidió: "Cancelación definitiva por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la turbina y quemador que se encuentran en el ejido Emiliano Zapata. Detener la persecución y criminalización de las y los cuidadores de la madre tierra; en específico de los compañeros Gumercindo González y Felipe Gutiérrez. Que el gobierno de Javier Duarte levante la campaña de terror y persecución que ha desatado contra los compañeros Guillermo Rodríguez Curiel y Julián Ramírez, activistas ambientales hoy señalados por los instrumentos de la represión policiaco-paramilitar del estado de Veracruz. Liberación de todos los presos políticos y aparición de todas las víctimas de desaparición forzada, comenzando por los 43 estudiantes de Ayotzinapa." (3)