El argumento de utilizar pozos que ya habían estado en funcionamiento (con técnicas convencionales), ha sido utilizado por las autoridades de gobierno para llevar adelante el fracking sin el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) correspondiente, y sin audiencia pública.  Ante la queja de asambleas y organizaciones ambientales, y la presentación de una medida cautelar, se realizó una audiencia pública el 28 de diciembre, que estos colectivos consideran viciada por las irregularidades cometidas.

En marzo de 2018, el gobierno provincial reglamentó, mediante el Decreto 248, la evaluación de impacto ambiental de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sobre formaciones no convencionales. En abril se visibilizaron protestas contra el fracking en diferentes localidades de la provincia. En General Alvear se realizaron importantes marchas y concentraciones de pobladores (“puebladas”) para reclamar el cese de la actividad. Vecinos de San Carlos impidieron el paso de camiones que se dirigían con insumos a Puesto Rojas, generándose tensiones por la presencia de Gendarmería Nacional. Un juez ordenó desalojar la ruta y algunos manifestantes fueron identificados y judicializados. Las Asambleas por el Agua, existentes en diferentes departamentos de la provincia y nucleadas en AMPAP, las cuales nacieron para resistir la instalación de la megaminería, han encabezado este rechazo, del cual también participan organizaciones ambientales, comunidades Mapuche y otros colectivos sociales, incluyendo algunos partidos políticos. La organización territorial Malalweche denuncia además la falta de consulta previa y propone una mesa de diálogo intercultural.

En junio de 2018, la Universidad Nacional de Cuyo, que había sido muy activa en el debate en torno a la megaminería, abriendo espacios de diálogo e información, publicó un informe sobre fracking, sin ninguna firma de los responsables del mismo. En una provincia donde el debate sobre la instalación de la megaminería se había dado de forma mucho más abierta y plural que en otros contextos provinciales, el fracking avanzó rápidamente, por encima de los cuidados ambientales necesarios, y el cuestonamiento de sus consecuencias fue duramente atacado por los uncionarios gubernamentales, quienes ante un audio de whatsapp que se viralizó, en el cual una vecina manifestaba su preocupación sobre el tema, salieron rápidamente a defender la actividad y criticar las voces disidentes, catalogándolas de “alarmistas, apocalípticos y mentirosos que meten miedo”. 

En septiembre de 2018, la empresa pidió autorización al gobierno provincial para avanzar en la explotación de más pozos. El actual gobierno de Mendoza ha definido su política pro-avance del fracking, donde el rol del Estado, según declaraciones de funcionarios del área de energía es “estorbar lo menos posible”, bajando las regalías y los impuestos a las empresas del rubro.

En abril de 2019 un grupo de organizaciones presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante el archivamiento de la causa presentada en el máximo tribunal de justicia provincial, insistiendo en la necesidad de detener las explotaciones por el riesgo ambiental que significan y la falta de estudios previos. También denuncian que mediante estas acciones procesales el gobierno reconoció el uso de trazadores radioactivos, que antes no habían explicitado, y de los cuales se desconoce su procedencia y traslado. Las asambleas reclaman el tratamiento de un proyecto de ley de prohibición del fracking en Mendoza, por parte de la Legislatura provincial, el cual fue entregado para su tratamiento en mayo de 2018, acompañado de más de 42.000 firmas en rechazo al fracking en la provincia. 

Entre los trabajos de preparación (perforaciones, tanques, líneas, etc.) y las estimulaciones la actividad ha generado en los últimos 5 meses más de 250 puestos de trabajo y una inversión que alcanza los U$S30 millones. Según explicaron desde la empresa, el presupuesto de la compañía para este año es de 125 millones de dólares, de los cuales 110 millones están destinados a Malargüe. A eso hay que agregar 20 millones de gastos de operación, 10 de ellos para áreas operadas y los 10 restantes para áreas no operadas ubicadas en la zona. El Área de Puesto Rojas entró en explotación en 1974, está conformado por cuatro yacimientos: Cerro Pencal, Puesto Rojas, Cerro Mollar y Puesto Adobe. El área tiene 136 pozos, 21 de extracción efectiva, 3 pozos inyectores, 98 pozos inactivos y 14 con abandono definitivo. Las principales formaciones son: Agrio (superior, media e inferior) Chachao y Vaca Muerta, cuyas profundidades oscilan entre 1.400 y 3.000 m. La formación Agrio y Chachao son formaciones tight oil (roca reservorio de muy baja porosidad y permeabilidad) y Vaca Muerta formación shale oil (roca madre de origen marino donde se generó el HC).

El agua a utilizar es de formación. La estimulación del pozo 3.001, que es un pozo vertical, tiene programadas 10 fracturas, 4 a la formación Vaca Muerta, cada una con un espesor que abarca entre 50 y 10 m, y a una profundidad de 1.900 m. Para conseguir las microfisuras, simular porosidad a la roca y darle un camino de salida al petróleo, se utilizará una presión máxima de 4.900 psi (350 atm) y un volumen medio de agua de 450 m3. El agua a utilizar es 100 % agua de formación.

Las restantes 6 fracturas van a formación Agrio requiriendo menores presiones, por presentar porosidad inicial. El volumen de agua a utilizar oscila entre 260 y 450 m3 por fractura, que será suministrado por tres tanques en los cuales se almacena agua de formación desde hace tres meses cada uno con 4.600 m3 de capacidad o sea se ha previsto una reserva de 13.800 m3

Como material de sostén se utiliza arena de muy baja granulometría y material cerámico. El flow back, o agua de retorno, se estima en 20% de lo inyectado y será almacenada en tanques herméticos de 70m3 cada uno para ser luego trasladada para su tratamiento y posterior inyección. (Jornada Online, 5/09/2018).