Tras conocerse la intención de AGA de hacer presencia en el municipio, como ya lo había proyectado en Cajamarca e Ibagué, se adelantó un fuerte proceso de movilización en contra de los impactos sociales y ambientales que podría traer esta irrupción, como la contaminación del agua con cianuro y otros elementos de alta peligrosidad para la vida y el despojo de terrenos para la implementación de la infraestructura necesaria para las operaciones de tratamiento del material removido. Este proceso de movilización también vino acompañado del uso de mecanismos de participación ciudadana como audiencias públicas y tutelas. Y finalmente la más reconocida, la consulta popular que se realizó el 28 de julio de 2013, para responder a la pregunta: “¿Está de acuerdo, como habitante del municipio de Piedras, Tolima, que se realicen en nuestra jurisdicción actividades de exploración, explotación, tratamiento, transformación, transporte, lavado de materiales, provenientes de las actividades de explotación minera aurífera a gran escala, almacenamiento y el empleo de materiales nocivos para la salud y el medio ambiente, de manera específica el cianuro y/o cualquier otra sustancia o material peligroso asociado a dichas actividades y se utilicen las aguas superficiales y subterráneas de nuestro municipio en dichos desarrollos o en cualquier otro de naturaleza similar que pueda afectar y/o limitar el abastecimiento de agua potable para el consumo humano, la vocación productiva tradicional y agrícola de nuestro municipio?.” El resultado de la consulta popular fue de 2971 personas por el NO y 26 personas por el SÍ. Con lo cual los habitantes del municipio y las organizaciones sociales y ambientales que los apoyaban pusieron de manifiesto la oposición total al proyecto La Colosa. Esta decisión fue ratificada por el consejo de Piedras que declaró la prohibición de la actividad minera a gran escala en el municipio. Sin embargo las reacciones en contraposición no se hicieron esperar, como la de AGA que denunció que la pregunta objeto de consulta fuese sesgada y que el proceso hubiese sido manipulado. Por su parte el gobierno nacional, sacó de la manga un decreto, el 0934 de mayo 2013 según el cual, el alcalde del municipio no tendría competencia para citar tal consulta puesto que los recursos naturales del subsuelo son propiedad del Estado, no objeto de los planes de ordenamiento territorial de las entidades locales y la minería es considerada una actividad de utilidad pública de interés común. Por lo tanto declaró que la consulta era ilegal y la Procuraduría General de la Nación inició un proceso investigativo en contra del alcalde de Piedras. A pesar de la negativa del gobierno central de aceptar la determinación alcanzada por la consulta popular, los pobladores del municipio y las organizaciones sociales y ambientales reclaman la legitimidad de este proceso en la búsqueda de una democracia ambiental y su ejemplo ha sido seguido por otros municipios de Colombia que han realizado consultas populares para definir la utilización y disposición de sus bienes naturales o que están en proceso de realizarla. Keywords: gold mining, local referendum

AGA proyecta extraer 27 millones de onzas de oro de la totalidad del proyecto La Colosa.