La empresa en conflicto se ubica en una de las Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA) que desde 2019 esperan su declaratoria oficial por parte del Grupo de Coordinación Intersectorial y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) [9]. 

El representante de la ONU y Derechos Humanos en México, Guillermo Fernández Maldonado, expresó que el asesinato de “Chuy”, como era conocido, es otra trágica evidencia de que México se caracteriza por ser uno de los territorios más violentos para el activismo por la tierra y medio ambiente [10]. También se realizó una protesta internacional de al menos trece organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientales que conocieron la zona durante la llamada Caravana ToxiTour en 2019, y se solidarizaron con el movimiento y la exigencia del esclarecimiento del crimen [11]. 

En 2008 el gobierno de Hidalgo y otras instituciones realizaron una Evaluación Epidemiológica y Ambiental de la Región Tula-Tepeji en aire, agua y suelo que incluyeron al municipio de Atitalaquia; pero los resultados no se publicaron. Además, en 2013 una explosión en la planta de agroquímicos ATC (VELSIMEX) marcó el surgimiento del colectivo Caminando por la Justicia Atitalaquia, que pidió investigar las sustancias liberadas al ambiente que aún repercutieron en la salud de los habitantes, quienes más tarde derivaron en el Colectivo de Comunidades de la Región Tolteca [12] . 

Según el art. 132, tercer párrafo del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, existe una Emergencia Ambiental cuando la contaminación del sitio derive de una circunstancia o evento, indeseado o inesperado, que ocurra repentinamente y que traiga como resultado la liberación no controlado, incendio o explosión de uno o varios materiales o residuos peligrosos que afecten la salud humana o el medio ambiente, de manera inmediata [13]. 

Esta emergencia ambiental proviene también de la cercanía con una refinería, una termoeléctrica que funciona con combustóleo, con plantas cementeras que vierten sus residuos en el aire y la contaminación de ríos que rodean la zona, por recibir las aguas negras de Ciudad de México [12 ].

Atitalaquia está en un área contemplada en los Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia (Pronaii) de agentes tóxicos y procesos contaminantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)[14], una derivación del convenio y compromiso de SEMARNAT de establecer las Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA) y las actividades prioritarias para atenderlas, con la opinión de colectivos y comunidades pertenecientes a la RESA, y con apoyo de académicos e investigadores [9]. 

En tanto, la basura como problema se remonta a 2010, año en que se autorizó el Relleno Sanitario Regional Tula en los límites de los municipios de Tula y Atitalaquia, y que contemplaba la capacidad y servicio continuo en Atitalaquia y otros municipios durante 13 años, plazo para que el gobierno de Hidalgo cumpliera las condicionantes de adaptación a las nuevas formas y patrones de aprovechamiento sostenible; sin embargo, el 27 de diciembre de 2021 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales Hidalgo (Semarnath) suspendió el relleno de Tula por incumplimiento [15]. 

En ese contexto, entre 2019 y 2021 la administración local de Atitalaquia operó en favor de Ecological Solutions México (Esmex) para obtener la concesión[16] del “Centro Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos y Urbanos” (CRTRSU) en los límites de ese municipio con Tula, en un predio conocido como Mina Bojay con aptitud de suelo condicionado para el establecimiento de industria energética, en el que previamente se realizó explotación minera a cielo abierto sin cumplir con la reparación ecológica para iniciar otro proyecto en el mismo sitio, que está en las cercanías de núcleos urbanos y comerciales, especialmente de una empresa de alimentos [5][17]. 

A inicios de 2022 el gobernador del PRI Omar Fayad y su comitiva dieron el banderazo de arranque a la operación del CRTRSU argumentando que la primera etapa de un área de disposición final de residuos sólidos urbanos estaba concluida, en otras palabras un relleno sanitario con capacidad preliminar para recibir 350 toneladas por día [18]. 

Habitantes de comunidades aledañas como El Cardonal, 18 de Marzo y Mario Antonio Osorio se manifestaron al no ser consultados para llevar a cabo el proyecto de recibir residuos de nueve municipios, y posiblemente residuos industriales dada la cercanía con el corredor industrial Tula -Tepeji [ 3 ][8], por lo que bloqueon el acceso apelando a la violación del artículo 27 constitucional y el Ayuntamiento de Atitalaquia suspendió la recolección por no tener dónde depositar la basura [19] . 

Para los manifestantes, la clausura del Relleno Sanitario Regional de Tula supuso una presión a los municipios involucrados para usar el nuevo basurero a cielo abierto, pues la infraestructura es inexistente [20][21][22]. En cambio, Julieta Rosas, titular jurídica de Esmex, aseguró que el proyecto se desarrolló a 536 metros de la mancha urbana, es decir poco más de los 500 metros establecidos por la NOM-083. Asimismo, dijo que la planta biodigestora estaría transformando hasta el 85% de la basura en energía para su operación en un plazo de dos años [23]. 

Los vecinos sostuvieron que el CRTRSU es un agravante de la contaminación en una zona categorizada en 2019 por Víctor Manuel Toledo, entonces titular de Semarnat, como uno de los seis infiernos ambientales en México debido a la contaminación de aire, agua y suelo desde hace 40 años [24]. Con marchas pacíficas, pidieron dejar de ser el patio trasero de la Ciudad de México, ya través del Congreso local solicitaron una inspección del estado y la federación para mostrar las irregularidades del proyecto y el espacio en el nuevo basurero [25]. 

También los recolectores informales conocidos como “pepenadores” se sumaron a la inconformidad al señalar que el inicio de operaciones de Esmex dejó a 120 familias sin sustento ya que la concesión privada les impide el acceso para trabajar aún cuando la empresa no reciclaba sólidos por carecer de infraestructura, lo que restrinja su derecho al trabajo [20]. Pero para el titular local de Semarnath, Said Javier Estrella García, los quejosos y opositores lo eran por desconocimiento, y remarcó la importancia del proyecto en una zona altamente contaminada [26]. 

Sin respuesta, los afectados recurrieron a bloquear y vocear en carreteras estatales y federales [27], incluso entregaron un oficio directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador mientras se encontraba cerca de la zona y publicaron el comunicado firmado por el Comité de Defensa Ambiental Atitalaquia, en el que exponen que el oficio SEMARNATH/DT/RSU-001/2020 establece que el terreno es inviable para el proyecto al afectar el manto freático subterráneo y un par de pozos de agua para uso doméstico e industrial en grado alimenticio [17] [ 28]. 

En el proceso los afectados se constituyeron en el Movimiento No Al Basurero, y el 13 de mayo de 2022 montaron un campamento y bloqueo en el acceso para descarga de camiones recolectores en el CRTRSU [29][30], sin embargo, los tres órdenes de gobierno evadieron el diálogo[31] y desde el 26 de mayo los activistas ocuparon el edificio municipal, donde expusieron su pliego petitorio y denunciaron amenazas en el campamento del bloqueo por parte de un policía ministerial armado [32], así como la traición del presidente municipal Agustín Hernández Olguín y los regidores que aprobaron el proyecto [21]. 

El representante legal del movimiento, Jesús Eduardo García Pérez, informó sobre una queja interpuesta ante la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, y el inicio de un procedimiento ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Agregó que estaban formulando un amparo federal contra la operación del basurero a cielo abierto por la afectación del manto freático que alimenta al municipio, y por la cercanía con las torres federales de alta tensión y los ductos de PEMEX, además de que el viento traslada los gases y esporas hacia municipios aledaños, a quienes invitaron a unirse en la queja [33]. 

El conflicto escaló hasta que la madrugada del lunes 20 de junio de 2022, entre 10 y 15 sujetos irrumpieron en el campamento del CRTRSU, donde golpearon a los activistas con tubos y ejecutaron con arma de fuego a Jesús Bañuelos, conocido como “Chuy”, relataron los sobrevivientes [8][22]. Un día después, funcionarios de Profepa y Semarnat finalmente acudieron al lugar con vecinos y representantes de la empresa, a quienes entregaron un dictamen de inspección e inicio del procedimiento de clausura de actividades en el CRTRSU de Atitalaquia, ante el júbilo y consignas de los manifestantes que coreaban “Chuy está presente” [34]. 

Un mes después, el 22 de julio de 2022 el gobernador de Hidalgo Omar Fayad informó en sus redes la clausura total del CRTRSU en El Cardonal Atitalaquia luego del análisis de Semarnath derivado de la inconformidad de los vecinos vecinos, revocando la autorización de conformidad a la normatividad aplicable,[35] por carecer de las obras que garantizan el tratamiento de lixiviados, y como medida para alcanzar el derecho a un medio ambiente sano[8] y otros objetivos establecidos en el Acuerdo de Escazú[36]. 

Tras una reunión con las autoridades y con un mensaje simbólico en la entrada de la sede, el movimiento No Al Basurero liberó el edificio municipal, tomado del 27 de mayo al 25 de julio de 2022, con la condición de habilitar zonas ecológicas y monitorear la calidad del aire; no obstante, ante el riesgo latente los activistas insisten en hacer juicio político contra integrantes del ayuntamiento de Atitalaquia ante el Congreso de Hidalgo, y buscan usar todos los recursos para hacer justicia y esclarecer el crimen contra el defensor de derechos humanos conocidos como “Chuy” , que sigue impune [37][38][39]. 

En un proceso político complejo que sigue en curso, se desconoce si los dueños del proyecto darán batalla por la vía legal,[35][40] mientras que los gobiernos y municipios siguen careciendo de voluntad política para transparentar y publicar la documentación y expediente de la empresa Esmex [38][41]. 

En 2022 el relleno sanitario empezó a recibir entre 100 y 350 toneladas residuales diarias de los municipios de Atitalaquia, Tula, Atotonilco de Tula, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Mixquiahuala, Tepetitlán, Ajacuba y Chapantongo en su conjunto [23][39].

Se proyectaba que el CRTRSU recibiera hasta 550 toneladas diarias durante 20 años una vez completadas las cuatro fases de la construcción, que prometía aprovechar hasta 85% de residuos para crear la energía de su operación [18] así como la futura apertura de dos escuelas de nivel superior: el Centro de Educación Ambiental y el Centro de Protección de Flora Endémica de la Región, como complementos del proyecto [23].