Las áreas protegidas  y su gestión por parte del gobierno de Guatemala constituyen el medio para justificar desplazamientos forzados de las comunidades que habitan el Parque Nacional Laguna del Tigre, el Parque Nacional Sierra del Lacandón, y la  Zona de Usos Múltiples (ZUM) de la Reserva de la Biosfera Maya, localizados en los municipios de Las Cruces, La Libertad y San Andrés, departamento de Petén, Guatemala. Bajo un discurso conservacionista excluyente y un modelo de capitalismo verde para la mitigación del cambio climático, el Gobierno ha irrumpido violentamente para expulsar a las familias campesinas, las cuales son acusadas del delito de  “usurpación” tipificado en la Ley de Áreas Protegidas [1], además de ser señalados por ONG´s conservacionistas como la Wildlife Conservation Society (WCS) como los principales actores de la deforestación [2]. Es así, como desde el 2008 han sido desalojadas violentamente ocho de las 54 comunidades de esta zona  a través operaciones armadas del Ejército Nacional, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas  (CONAP), involucrando la quema y destrucción de viviendas, cultivos, animales y medios de subsistencia, y la  instalación puntos de control y vigilancia con presencia continua del ejército [3].  Las comunidades se han visto obligadas a abandonar sus casas y a improvisar nuevos asentamientos sin acceso al agua, luz ni a cualquier otro servicio, incluso de salud [4]. Esta práctica del Estado se intensificó particularmente en 2009 y en el segundo semestre de 2010, llevando a las comunidades de la región a denunciar en varios memoriales y ante instituciones públicas una política de desalojos forzosos, lo cual les ha permitido asociarse para la defensa de sus derechos. Como consecuencia, algunos de sus líderes y miembros son víctimas de hostigamiento, judicialización y algunos comunitarios han sido asesinados [4].  Estos hechos tienen lugar en un territorio  complejo, el departamento del Petén, donde se concentra el 60% de las áreas protegidas del país, los principales recursos petroleros y los sitios arqueológicos que más atraen al turismo internacional, además el río Usumacinta, con un gran potencial hídrico para la generación de electricidad que es compartido con México y sirve en parte de su recorrido como demarcador de la frontera político-administrativa. En torno a esta riqueza natural,  su ubicación geográfica y a sus potencialidades económicas, no es difícil advertir los intereses y tensiones que se concentran allí. En este contexto, paralelamente se desarrollan  desde hace décadas megaproyectos de explotación de la tierra y los bienes naturales [5] como el petróleo, la madera y monocultivos extensivos de palma aceitera, así como el fortalecimiento de programas REDD+ como GuateCarbon que mercantiliza el recurso bosque a través de ventas millonarias de bonos de carbono. 

Las poblaciones se asentaron en estos espacios naturales gracias al boom de políticas de expansión agrícola y colonización promovidas por el mismo gobierno de Guatemala. En 1956, el gobierno militar impulsó  las zonas de desarrollo agrario, también conocidas como parcelamientos; instaurados en grandes territorios de selvas vírgenes del país dentro de las cuales estaba Petén. En 1959, se creó la Empresa Nacional de Fomento y Desarrollo Económico del Petén (FYDEP) con carácter de “urgencia nacional” mediante el Decreto Ley Número 1286 de julio de 1959, con el fin de colonizar el departamento y generar un desarrollo agropecuario [6]. FYDEP tenía una amplia potestad legal sobre todos los aspectos económicos del Departamento y se convirtió la principal institución encargada de la gestión del acceso a la tierra [7]. Esta dinámica provocó  una alta migración a la zona que  incluyó a los grandes terratenientes, militares y campesinos, estos últimos constituían la fuerza de trabajo, así en poco más de veinte años la población creció un 251% por el flujo de personas desde distintas regiones del país. En 1986 se cierra el FYDEP y tres años después el gobierno de Guatemala ignorando las dinámicas socioeconómicas de la región ya implantadas cambia radicalmente de enfoque hacia el conservacionismo, a pesar de que en el Petén el escenario no era propicio, tanto por la cantidad de poblados asentados en la zona, como por la creciente expansión de la frontera agrícola y ganadera; para entonces ya existían a nivel departamental cerca de 900 centros poblados [6]. Sin embargo, el gobierno continuó su plan y en 1989 creó la Ley de Áreas protegidas: Decreto Legislativo 4-89, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) como órgano rector, y un año después declaró la Reserva de la Biosfera Maya,  los Parques Naturales Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón [8]. Dentro de  esta ley se menciona que ya existen personas viviendo en estas áreas declaradas como protegidas por lo cual enfatiza la necesidad de su regulación y la prevención de nuevos asentamientos.

En 1996 se  introduce en la legislación el  delito de Usurpación de Áreas Protegidas definido como: “Comete delito de usurpación a áreas protegidas quien con fines de apoderamiento, aprovechamiento o enriquecimiento ilícito, promoviere, facilitare o invadiere tierras ubicadas dentro de áreas protegidas debidamente declaradas. El responsable de este delito será sancionado con prisión de cuatro a ocho años y multa de tres mil a seis mil quetzales” [1], dando pie a la vulneración de los derechos de las familias, al  asumir que todas las asentadas en espacios protegidos son o pueden ser usurpadoras. Este año coincide con el final del conflicto armado en el país, y con esto la reactivación de actividades económicas dependientes de los recursos naturales, nuevas migraciones y asentamientos. Con el paso de los años se suman nuevas normas que agravan la situación para los campesinos, en 1999 el Decreto 24-99 del Fondo de Tierras prohíbe la legalización de predios en áreas protegidas, finalmente el 2004 se da la Declaración de Emergencia en Laguna del Tigre (Decreto No.16-2004)  presentada como  urgencia nacional e interés público para  la defensa y la restauración del Parque Nacional [9].

Como resultado, ya se contaba con los instrumentos jurídicos que daban antesala a los desalojos. Sin embargo, fue hasta el año 2008 que se presentaron las acciones, con la puesta en marcha del proyecto de desarrollo económico y “recuperación de la gobernabilidad” de Álvaro Colom. La primera fue la comunidad de Macabilero, seguida por El Vergelito en el 20 enero 2009, sin notificación previa, el ejército incineró completamente el poblado en el acto no hubo presencia del Ministerio Público, ni de la Procuraduría de los Derechos Humanos [10].  El 16 de junio del mismo año fue atacada la comunidad de Centro uno, quienes fueron notificados el mismo día por los funcionarios judiciales y obligados a salir por sus propios medios dejando todas sus pertenencias [11]. Según la información aportada por líderes de la comunidad, indican que la siguiente fue la comunidad de La Colorada, quienes de hecho hacían parte de una de las concesiones comunitarias forestales  para la gestión de la Zona de Usos Múltiples de la Reserva de la Biosfera Maya establecidas entre el Gobierno y USAID, a pesar de esto fueron acusados de no cumplir los requisitos acordados en el contrato de Concesión y forzados a salir de su territorio. Por su parte,  las familias de Nueva Esperanza  sufrieron tres desalojos en los años 2007, 2009 y en 2011, este último fue el más violento y se dice que las familias escaparon de los disparos del ejército, observaron la destrucción de sus hogares con sierras mecánicas  y posterior incendio. Muchas familias huyeron hacia las montañas, ocultándose en el bosque durante días, alimentándose de lo que encontraban escarbando [12]. La comunidad de Centro Campesino  sufrió el asesinato de 5 de sus líderes el 22 abril 2013 y a raíz de ello los comunitarios fueron obligados a irse del lugar [13]. En 2017, las fuerzas armadas del estado y CONAP desplazan forzosamente a la comunidad de Laguna Larga, quienes en junio 2017 huyeron a la línea fronteriza con México, las familias al enterarse del contingente de fuerza pública, optaron por irse para evitar la violencia de más de 1500 miembros del ejército y policía dispuestos para el desalojo; actualmente se encuentran en asentamientos improvisados a la espera del cumplimiento de reubicación del gobierno. La comunidad de  Pollo Solo fue desplazada el 24 agosto 2018 ya había sufrido otros desalojos en 2008 y 2009  [4]. 

Esta sistemática violación de los derechos de las comunidades ha promovido la organización y resistencia de las mismas, sin embargo, para desestimar la defensa del territorio, las autoridades gubernamentales han accionado directamente contra líderes y defensores de derechos humanos, como el Caso de Jovel Tobar, quien fue capturado en marzo de 2017, cuando salía de una conferencia de prensa, donde se dio a conocer el acoso constante que viven las comunidades por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) e instituciones ambientalistas, así como hostigamientos por parte de la policía y el ejército. El líder, estuvo en prisión preventiva por más de 6 meses y quedó en libertad hasta un año después. La detención de Tobar se habría dado en respuesta a sus labores como representante de su comunidad, por lo cual el proceso penal que se le adelanta se daría como una forma de criminalización de la protesta social y defensa de los derechos humanos [3].  Otro caso reciente se lleva a cabo en el Juzgado de Medio Ambiente de Petén contra dos líderes comunitarios de la Comunidad Nueva Jerusalén II [15].  Según líderes del Comité Central de Laguna del Tigre (CCLT) existe una lista de causas bajo investigación del Ministerio Público que para el 2016 llegaba a 129 casos, solo en Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón, demostrando una estrategia y política de persecución penal contra comunidades y personas en particular.

En contraste con las políticas punitivas que aplica el Gobierno a los pobladores, se autorizan en la zona explotaciones de petróleo por parte de multinacionales como Perenco (2001) [14], explotación ganadera extensiva y ahora de expansión de monocultivos de palma aceitera, plantaciones para madera, actividades que están en contraposición a la “declaración” de Áreas naturales protegidas. Además del asedio continuo por parte de estructuras de crimen organizado, narcotráfico y tráfico de migrantes hacia México y Estados Unidos agravando la situación de vulnerabilidad de los pobladores. 

Con el objetivo de ser incluidos en la gestión de las Áreas protegidas y demostrar su capacidad para el cuidado del territorio coexistiendo con sus prácticas agrícolas y ganaderas, los comunitarios se organizaron para presentar al gobierno el 21 de septiembre 2016 la “Propuesta Alternativa de Desarrollo Integral y Sostenible de las comunidades afectadas por la declaratoria de Áreas Protegidas Laguna del Tigre y Sierra Lacandón” [16]  la cual guía la acción y negociación de las comunidades dentro de la Mesa de Diálogo instalada en el Congreso de la República ante la oleada de desplazamientos. Sin embargo, esta iniciativa como en otras ocasiones, fue pasada por alto por las instituciones gubernamentales, de hecho ocho meses después las autoridades ejecutaron el desplazamiento forzado de la comunidad de Laguna Larga. Estos intentos de negociación se llevan a cabo desde el 2012, según entrevistas con los comunitarios del Comité Central de Laguna del Tigre (CCLT), quienes expresan que se han dado encuentros con representantes de CONAP, cuyos funcionarios se niegan a reestablecer el diálogo y a resolver la problemática cuando las comunidades proponen específicamente la permanencia y seguridad en el área, se comprometen  a  garantizar la conservación sin ser expulsados en el futuro y demandan el retorno de las comunidades desalojadas.

- GuateCarbon tiene como objetivo Reducir las emisiones de

gases de efecto invernadero causadas por la deforestación en la Reserva de la Biósfera Maya, a través de Actividades REDD+ (Emisiones de CO2 evitadas mediante la deforestación evitada).

El área del proyecto incluye 721.006 hectáreas de las cuales 660.820 ha son bosque. Aproximadamente 477.000 ha son están concesionadas a nueve comunidades y dos concesiones industriales que ha sido certificadas bajo los estándares del Forest Stewardship Council®

(FSC®). Emisiones evitadas potenciales: 36.9 millones de toneladas de CO2.

- Explotación petrolera por Perenco (Campo Xan):

Desde el 2001, año de su instalación en el norte del Petén, Perenco registra la producción de 8000 BOEPD (Barrels Of Oil Equivalent Per Day)(2017), el cual representa el 90% de la producción nacional.

- Explotación petrolera Quattro Exploration and Production Ltd.:

Los proyectos de Quattro en la región norte del Petén tienen como objetivo la producción de 11000 BOEPD (Barrels Of Oil Equivalent Per Day).